Los escoceses tienen previsto votar en un plebiscito sobre su independencia, pero la fecha no ha sido fijada pues aún debe determinarse si es el Parlamento de Westminster o el escocés de Holyrood el que tiene los poderes para convocar el referéndum.

Pero el Comité de Asuntos Escoceses de la Cámara de los Comunes, formado por diputados conservadores, laboristas y liberaldemócratas, señala en un informe que todo indica que Holyrood no tiene competencia legal para convocar este plebiscito.

Así, pide recurrir a la llamada «Orden 30» (S30) de la Ley de Escocia de 1998 (que creó la autonomía escocesa), que autoriza hacer enmiendas y que permitiría otorgar a Holyrood la competencia para llamar al electorado a votar por la independencia.

El Gobierno escocés que lidera Alex Salmond insiste en que debe ser el Parlamento de Edimburgo el responsable de convocar el plebiscito y no el de Westminster.

En su informe divulgado hoy, el citado comité señala que hay riesgo de que Escocia quede sumida en «discusiones legales y políticas indefinidas» y afronte un «futuro incierto» si hay «dudas legales» sobre la convocatoria del referéndum.

«Nosotros creemos que la mejor manera de proceder es si el Gobierno propone hacer una notificación detallada y específica en la Sección 30, otorgando al Parlamento escocés los poderes para convocar un referéndum sobre la separación», añade el documento.

El primer ministro británico, David Cameron, está a favor de que el plebiscito sea en 2013 bajo el argumento de poner fin a una incertidumbre que considera perjudicial para la economía escocesa.

Salmond, que prefiere el referéndum en 2014, considera que una Escocia independiente es viable desde el punto de vista económico, apoyada en sus potentes recursos energéticos y en especial en las energías renovables, y que beneficiaría al resto de territorios bajo administración británica.