Tortura: cuando el delito es la denuncia
2014/10/29

La prescripción del «delito de calumnias» del que se acusaba al abogado Alfonso Zenon ha sido el motivo de su absolución. Una falta de la que le acusó el exconsejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, por haber denunciado que la Ertzaintza practicó torturas cuando él dirigía el Departamento. El abogado realizó estas declaraciones después una redada de la Policía autonómica en febrero de 2010 en la que los detenidos fueron incomunicados y tras la que denunciaron malos tratos. Unos hechos que, desgraciadamente, no nos son extraños en Euskal Herria. La paradoja reside en que la polémica se situó en las acusaciones de Zenon en lugar de hacerlo en los hechos que denunció.

En un país regido por la defensa y el respeto de los derechos más fundamentales de sus ciudadanos, la primera actuación ante dichas declaraciones habría sido la investigación al respecto, la contundencia de no dejar pasar ni una ante la mínima sospecha de que desde sus aparatos se hayan podido perpetrar torturas. En este caso, la respuesta fue una querella. Ello a pesar de que los toques de atención ante el desinterés y la falta te actuación en torno a las denuncias de tortura, que ascienden a miles en Euskal Herria, no le son ajenos al Estado español. Apenas hace tres semanas que recibió la última condena por parte del Tribunal de Estrasburgo por no haber investigado denuncias de ciudadanos que afirmaron haber sido torturados. Y ya van cinco.

No resulta fácilmente comprensible que ante la denuncia de delitos tan graves una institución pública haga oídos sordos y no ordene inmediatamente su investigación. Cabe recordar que un reciente estudio sobre 45 denuncias de tortura basado en el Protocolo de Estambul afirma que son verosímiles. Siete de estas denuncias corresponden a la Ertzaintza y coinciden con el periodo en el que Rodolfo Ares fue consejero de Interior. Sin embargo, el Estado español, como hiciera Ares, se mantiene en el juego de meterlas en el saco de las mentiras y las calumnias, criminalizando así a quien denuncia hechos delictivos y reivindica el respeto a los derechos humanos, haciendo para ello su particular e interesada lectura de la justicia. Ya es hora de que giren las tornas.

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