Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado. Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma como de apelación.

En concreto, Castro considera a la hermana del nuevo rey español cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue «imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008». Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que Cristina de Borbón, como socia al 50% de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

Urdangarin habría cometido 25 delitos

El juez José Castro sostiene que de la investigación que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años se desprende que Iñaki Urdangarin cometió al frente del Instituto Nóos un total de 25 delitos.

El instructor atribuye al marido de la infanta cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias por los contratos que Nóos suscribió con administraciones públicas.

Además, le imputa falsedad de documento oficial, falsificación de documentación mercantil, estafa y dos delitos de fraude a Hacienda.

Son nueve delitos diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada, los que figuran en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro.

Archivada la imputación de Carlos García Revenga

Asimismo, Castro ha archivado la causa en relación al secretario de las infantas españolas, Carlos García Revenga, que desde hoy deja de estar imputado en este proceso. García Revenga fue designado tesorero por su amistad de más de quince años con Urdangarin, que aseguró al juez que no recordaba que tuviera «ninguna participación» como tesorero, ya que la contabilidad la realizaba otro cuñado de Torres, Marco Tejeiro, ni tampoco en «lo que era el día a día del Instituto Nóos».

Un total de 16 imputados

El magistrado ha culminado la instrucción del caso Nóos y mantiene la imputación de 16 personas por supuesta malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración y a Hacienda y blanqueo.

Entre los imputados figuran además de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, el exsocio de Urdangarin Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro, y sus hermanos Miguel y Marco Antonio.

También siguen imputados el expresidente del Govern balear Jaume Matas; el ex director general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía; el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; y el exsecretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet.

Entre los imputados por la rama valenciana de la investigación siguen estándolo el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, y la exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado.

También sigue imputada la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.