CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP y, finalmente, también el PSC, han dado el visto bueno esta mañana al proyecto de «Ley de consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana», la herramienta con la cual los partidos favorables al derecho a decidir buscan conseguir un marco legal para convocar la consulta prevista para el próximo 9 de noviembre.

Lo han hecho en la comisión parlamentaria de Asuntos Institucionales, donde se ha debatido la ponencia. A ella se han opuesto, como cabía prever, PP y Ciutadans, que denuncian lo que es obvio y nadie ha escondido: que el primer objetivo de la ley es convocar la consulta soberanista de otoño. Un objetivo que el PSC ha recordado que no comparte, pese a lo cual ha dado su visto bueno al proyecto de ley, al entender que debería tener recorrido más allá de lo que ocurra o deje de ocurrir el 9 de noviembre.

Como ya se sabía y como esta mañana ha señalado el propio diputado de CiU Josep Rull, los partidos trasladarán ahora el proyecto de ley al Consell de Garanties Estatutaries, con el objetivo de obtener un dictamen sobre la adecuación del texto tanto al Estatut como a la Constitución. Los partidos tratarán así de limitar los efectos del previsible recurso que el PP plantee ante el Tribunal Constitucional cuando la ley sea aprobada por el pleno del Parlament en setiembre.