Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se autoriza a la empresa a realizar hasta tres sondeos en tres puntos de las cuadrículas que tiene asignadas: Sandía (3.170 metros de profundidad, los 870 primeros de agua), Chirimoya (3.000 metros de profundidad, 1.019 de agua) y Zanahoria (6.900 metros de profundidad, 1.022 de agua).

Para empezar estos sondeos, Repsol deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por un mínimo de 40 millones de euros para hacer frente a eventuales daños, y otra garantía financiera de 20 millones para cubrir responsabilidades ambientales.

Para poder realizar esos trabajos, a entre 50 y 55 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, deberá instalar en ambas islas sistemas de control de la sismicidad, que monitoricen en un radio de 20 kilómetros alrededor del sondeo cualquier movimiento que se produzca en el subsuelo como consecuencia de las perforaciones.

Asimismo, se establece que las perforaciones se detendrán si en un radio de 75 kilómetros del sondeo se produce un terremoto natural con intensidad superior a 4,5 en la escala de Richter. Tras el fin de cada sondeo, Repsol tendrá seis meses como máximo para presentar todos los informes sobre los mismos.

La autorización para los sondeos tiene una vigencia de tres años y se subraya que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o al medioambiente, Repsol «detendrá inmediatamente las operaciones adoptando las medidas adecuadas».

Al menos una semana antes de empezar los trabajos, Repsol deberá comunicar las fechas de inicio y fin de los sondeos. El pasado mes de julio, Repsol ya anunció su intención de empezar las prospecciones en el último trimestre de este año.