El dictamen ha sido aprobado este miércoles por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento autonómico gracias a la mayoría que suman el PNV y el PSE, aunque la aprobación definitiva de la ley deberá producirse próximamente por parte del pleno de la Cámara.

El motivo de discrepancia entre los grupos respecto al Instituto de la Memoria se debe al contenido de la exposición de motivos que acompaña a la proposición de ley para la creación de este organismo.

El núcleo de la polémica se encuentra en uno de los párrafos del texto, en el que se indica que «a lo largo de los últimos cien años, la sociedad vasca ha sufrido al menos cuatro experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos».

El documento subraya que la preservación de la memoria «del sufrimiento injusto padecido en el País Vasco» debe hacerse «de forma inclusiva y manteniendo la singularidad de las causas» de cada forma de violencia. Todo ello, «sin equiparaciones» entre unas y otras vulneraciones de derechos humanos.

La proposición de ley destaca la necesidad de que la política de memoria garantice la expresión del «pluralismo», aunque insiste en que el «límite» debe estar en la salvaguarda de «unos mínimos democráticos».

«La memoria no se puede utilizar ni para excluir ni para equiparar acontecimientos», apunta el documento, que en la misma línea destaca que tampoco se debe «reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de terrorismo, violencia o conculcación de derechos humanos».

El instituto, cuya sede se ubicará en un municipio aún por determinar, se encargará de desarrollar la política pública consistente en «la garantía, impulso y desarrollo de la convivencia democrática».

Discrepancia entre los partidos

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha destacado que la proposición de ley «no justifica» forma de violencia alguna, aunque las denuncia «todas» y reconoce a «todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos». Todo ello, según ha precisado, «sin excluir ni diluir ninguna forma de terrorismo o violencia».

En la misma línea, el parlamentario del PSE Rodolfo Ares ha destacado que «con tan sólo leer el texto de la proposición de ley, puede comprobarse que en ningún caso se pretende equiparar sufrimientos». Por el contrario, ha asegurado que el Instituto contribuirá a evitar la «justificación del terrorismo».

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha valorado que se reconozca la necesidad de atender a las diversas formas de violencia surgidas desde la Guerra del 36, aunque ha criticado que la utilización del término «contraterrorismo ilícitos» parece «situar el terrorismo de Estado en términos de respuesta, de que todo está justificado en la lucha contra ETA».

Carmelo Barrio, del PP, ha argumentado que su rechazo a apoyar la propuesta se debe a que en ella se «mezclan» la dictadura, la Guerra del 36 y la actividad de ETA, algo que, a su juicio, puede responder al objetivo de «diluir la gravedad de los crímenes de la banda».

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha lamentado que el instituto no se centre en «deslegitimar» a ETA, y que «mezcle realidades diferentes». Maneiro ha explicado que sí estaría dispuesto a apoyar una iniciativa que «realmente hiciera memoria».