En una rueda de prensa celebrada en Bilbo, la letrada Jone Goirizelaia –que ha comparecido con Alfonso Zenon, uno de los imputados– ha informado de la presentación de la querella criminal ante el Supremo y cómo ha comenzado su instrucción. La abogada ha incidido en la «falsedad» de la imputación de los delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales, sustentado en un informe de la Guardia Civil.

Velasco afirma en su auto que Hacienda no tiene constancia de ingreso alguno declarado de los letrados. Goirizelaia ha comentado que el informe de la Guardia Civil se fundamenta «única y exclusivamente» en un modelo tributario de carácter informativo, donde solo se declaran ingresos y gastos superiores a 3.000 euros de cada cliente o proveedor. Por tanto, ha añadido, no analizaron ningún modelo declarativo, tales como las declaraciones de IVA o de Impuesto de Sociedades, pese –ha subrayado– a que esos documentos están en poder del instituto armado y del juzgado, ya que se han requerido en dos ocasiones a las haciendas forales.

La defensa de los letrados ha detallados que las tres cooperativas en las que se agrupan estos abogados y el que lo hace de modo individual están al día de sus obligaciones tributarias. Los imputados, ha señalado, han desembolsado en las hacienda forales 62.831,24 euros en el ejercicio 2012 y 69.778,35 euros en 2013, «con lo cual es absolutamente falso que no se haya ingresado ninguna cantidad».

Goirizelaia ha remarcado que no existe fraude fiscal y, por consiguiente, tampoco blanqueo de capitales, «pues este blanqueo consistitía en utilizar las cantidades no ingresadas en Hacienda». Ha insistido en que la imputación contra sus compañeros y compañeras «es radicalmente falsa», a la vista de las pruebas que han aportado.

Además, ha denunciado que a lo largo de este año, a pesar de sus requerimientos, Eloy Velasco no ha realizado una sola actuación para acreditar los delitos imputados. «No ha sido hasta el pasado julio cuando el juez ha solicitado a la Agencia Estatal Tributaria la designación de peritos para la acreditación del posible delito de defraudación a la Hacienda». Hace dos meses, «hartos de esperar», reclamaron la realización de un informe pericial por parte de las haciendaS forales, que son las competentes y no la agencia estatal, sobre las declaraciones de los letrados pero el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional no ha respondido.

Mientras, el 2 de diciembre comparecerá ante el TS el abogado y senador Iñaki Goioaga, a quien se le imputa los mismos delitos que a sus compañeros «pese a no estar acreditados».

Al margen de la querella por prevaricación contra Velasco, han vuelto a demandar la puesta en libertad de sus compañeros Arantza Zulueta y Jon Enparantza, a quienes se arrestó hace casi dos años, a raíz de la operación contra el grupo de mediadores de EPPK. Los letrados están dispersados en Puerto de Santa María y Segovia, soportando un régimen de aislamiento «extremo». No son los únicos encarcelados por esta causa, pues los solidarios con los presos Javier Carballido y Jon Mintegiaga llevan presos desde enero. Para todos han solicitado su inmediata puesta en libertad.