La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender definitivamente la consulta del 9N y la ley catalana de consultas ha generado reacciones inmediatas, empezando por el propio president de la Generalitat, Artur Mas, que en una conferencia ha considerado que el veto del Estado «solo deja la vía de las elecciones» para obtener el mandato democrático sobre el futuro de Catalunya, en clara alusión a los comicios plebiscitarios del próximo 27 de setiembre. Antes, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, había recordado que «lo que no puede hacer el TC es que el 9N desaparezca del calendario».

También se ha referido a las elecciones el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, quien ha advertido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de que la victoria de los independentistas en las elecciones del 27S supondrá la aplicación de «una hoja de ruta para la constitución de la República catalana».

En el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, Bosch ha instado a Rajoy a reconocer que «el 27S se celebrará un referéndum de independencia», a lo que el presidente ha contestado que «algo pasa» cuando un tribunal emite una sentencia «por unanimidad». Previamente, el PP ha aplaudido, literalmente, la suspensión del TC en el hemiciclo, en el momento en que Bosch la ha mencionado.

También en el Congreso, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha afirmado que por mucho que el TC anule la Ley de Consultas «nunca podrá anular la movilización ciudadana». Según el diputado ecosocialista, con esta sentencia «se confirma que este es un problema político que solo tiene solución política».

En declaraciones en el Parlament, el diputado de la CUP David Fernández ha considerado, por su parte, que «el Constitucional español llega tarde, este país construirá una nueva constitucionalidad propia».