En concreto, el PP denuncia que distintas administraciones públicas han adjudicado contratos por importe de 40 millones de euros a las constructoras Ekin y Eraiketak, en las que, según los datos aportados por el secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, han figurado como administradores en distintas etapas dos hermanos y dos sobrinos de Atutxa.

A estas adjudicaciones, añade las recibidas por valor de 25 millones de euros por la consulta Ingeplan Consulting, en la que figura como presidente uno de los hijos de Juan María Atutxa y otro como secretario y consejero, mientras que hasta 2013 estaba también registrado como apoderado solidario el actual presidente del Puerto de Bilbo, también hijo del exconsejero, Asier Atutxa, ha censurado el PP.

El tercero de los casos denunciados por la formación hace referencia a las adjudicaciones de contratos por 3 millones de euros a la empresa de arquitectura Arkigest e IAZ, que, según ha indicado el PP, tiene como administrador único a uno de los hijos de Atutxa y contó como apoderado hasta 2013 con el presidente del Puerto.

Ruiz ha explicado que «el grueso» de estas adjudicaciones han realizado en distintas etapas, desde los años 90, por parte del Gobierno de Lakua, la Diputación de Bizkaia, diversos ayuntamientos y consorcios, «fundamentalmente gobernadas por el PNV». Entre ellos, ha destacado, se encuentran adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Mundaka en la etapa en que dirigía la Alcaldía el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el Ayuntamiento de Elorrio cuando estaba presidido por la presidenta de las Juntas, Ana Otadui.

«Saga vasca a la catalana»

El representante del PP ha señalado que este caso de «saga vasca a la catalana» supone un «salto cualitativo y cuantitativo» a las situaciones de «clientelismo y trato de favor» en las adjudicaciones públicas a empresas relacionadas con cargos del PNV que ha ido denunciando su formación en los últimos meses.

En palabras de secretario general del PP de Bizkaia, se trata de «un ejemplo de que el clientelismo es una forma de vida y una filosofía público-privada que lleva instalada en el País Vasco desde hace años». Por ello, ha instado a «revisar las contrataciones» que se adjudicaron, pero también las cuentas de las empresas para «rastrear el recorrido del dinero» para ver si «el destino final es la calle Ibáñez de Bilbao», donde está ubicada Sabin Etxea, la sede del PNV.

Ruiz ha instado a que se abra una investigación de oficio teniendo en cuenta las «grandes dimensiones» del caso, que ha calificado como «un claro ejemplo de que las siglas sirven como salvoconducto para enriquecimiento personal, político, basado en la sensación de impunidad jurídica que algunos sienten».

Llamamiento a Calparsoro

Por ello, ha esperado que el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, «llame» al PP y, tras indicar que «la mitad del trabajo lo tiene hecho», le ha pedido que se preocupe de esta cuestión, más allá «de acudir a actos sociales, preocuparse por la situación de los presos de ETA o incluso por anular la Audiencia Nacional».

«Que demuestre un mínimo de voluntad de poner coto a este tipo de situaciones», ha solicitado el portavoz del PP, que ha asegurado que, si no se pone en marcha una investigación de oficio, «quedará en entredicho su papel».

En esta línea, ha apuntado que, si «hubiese sido en otro territorio y los protagonistas hubiesen sido del PP, seguramente las reacciones de las autoridades e incluso de la Fiscalía hubiera sido bien diferente».

Asimismo, ha remarcado que es necesario poner en marcha medidas que permitan "poner coto" a este tipo de situaciones. En este sentido, se ha mostrado dispuesto a «acompañar a Calparsoro a tocar la puerta del Ministerio de Justicia» para solicitar un Fiscal Anticorrupción en la CAV, con personal especializado y medios materiales.

También ha pedido «profundizar en la transparencia» con un registro de contratos que permita –«no como el actual»– encontrar las empresas «con todos los contratos durante todos los últimos años, con sus importes y perfectamente accesible», así como los órganos sociales y de dirección que las conforman.

Asimismo, ha instado a que las empresa tengan que declarar, de manera previa a recibir una adjudicación, si «tienen cargos o excargos» de la administración con la que van a contratar.