La iniciativa impulsada por Podemos y enmendada por PSN e I-E, abogaba por «promover la gratuidad de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos, como principio garante de la igualdad real y efectiva de toda la ciudadanía».

Sin menoscabo de otras medidas que pudiera adoptar de motu proprio el Gobierno, se proponía la «realización de un estudio jurídico sobre la compatibilidad de que los centros privados concertados puedan solicitar de manera masiva o habitual las llamadas aportaciones voluntarias», por entender que se usan datos de alumnos y familias, así como un servicio público, para solicitar fondos para fundaciones o asociaciones particulares. El estudio debía tener también en cuenta «lo relativo a la normativa de protección de datos».

La moción desechada exhortaba al Ejecutivo a que, «tanto en el período de admisión de peticiones como en el de matriculación, todos los centros privados concertados proporcionen a las familias de manera prescriptiva, en formato papel, una información elaborada por el Gobierno de Navarra donde se refleje la legislación y normativa vigente referida a la gratuidad de todos los centros públicos y privados concertados».

Como consecuencia de esa legislación, añadía, estos centros en ningún caso podrán reclamar a la familias, ni percibir de las mismas, cantidades económicas por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni exigir aportaciones en concepto de matrícula de reserva de plaza, a lo que añadía que no se podría tampoco exigir la adquisición de material escolar para comprar en el propio centro o en determinados establecimientos.