Historiador
Altsasu 0.0

Miles de personas han sufrido esta desproporcionalidad. Aún hay jóvenes en prisión acusados de haber atacado con cócteles molotov una sucursal bancaria, condenados a casi dos décadas de presidio.

22/07/2017

Desde que se produjeron las que Felipe Sexto ha llamado «primeras elecciones de la democracia» (junio de 1977) hasta el final de 1979, es decir en apenas dos años y medio, agentes de las fuerzas policiales de paisano provocaron decenas de incidentes en bares y discotecas, por lo general a altas horas de la madrugada, en situación que los medios consideraron de «supuesta» embriaguez. Hay un estudio que los cita uno por uno y fue publicado en su día por “Egin”.

El poder que confería un arma a estos agentes, a pesar de estar fuera de servicio, fue motivo para imponer su criterio en discusiones sobre cuestiones políticas, pero también para provocar a los parroquianos, pretender eludir el pago de la consumición, protestar a tiros por el cierre del local o intentar detener a un cliente por el mero hecho de llevar un llavero de Herri Batasuna.

En el periodo citado, los agentes causaron la muerte por arma de fuego a seis personas y heridas a decenas. Los homicidas sufrieron sanciones administrativas en algunos casos y en otros ni siquiera fueron juzgados. Con una cadencia menor, durante las siguientes décadas, se reprodujeron estos hechos en tabernas y bares, con incidentes de todo tipo. Quien porta un arma está en disposición de imponer opinión.

Ninguna de las asociaciones de víctimas, tampoco memorialistas, ha reivindicado estas muertes como víctimas de un conflicto político. Ni las de un lado, ni las de otro. Han sido consideradas víctimas de una violencia estructural, la del monopolio del Estado y susceptibles de haber ocurrido en Gasteiz, Bilbo, pero también en Estambul o Atlanta, lo que les ha marginado de las listas oficiales y similares. Aunque esa sea la razón, no hay que olvidar que Hego Euskal Herria tiene el mayor índice policial per cápita de Europa, lo que infiere un plus superior de «violencia estructural» al contexto.

José Perals, fiscal del caso de los jóvenes de Altsasu, como parte interesada, no alude a esta agobiante presencia policial en nuestro territorio, fuente y origen de incidentes mayores y menores, políticos y estructurales, y, como era de esperar, se recrea en el relato habitual, en la expresión bíblica: «o estás conmigo (con el mantenimiento de la situación de excepcionalidad en Euskal Herria) o estás contra mí (con ETA)». En esa línea nada nuevo, como no sea el hecho trascendental de que ETA decidió acabar con la lucha armada en 2011 y se deshizo de su armamento en 2017. Nada nuevo, me refiero, a la interpretación de Madrid con relación a su presencia en Euskal Herria.

El relato oficial es el mismo que ha servido en decenas de juicios. Y tiene como punto de partida la Alternativa KAS de 1976, en la que se cita la «disolución de los cuerpos represivos». Como ETA ha perdido protagonismo, la fiscalía recupera el término «Movimiento de Liberación Nacional Vasco» para engrasar nuevamente, a través del año y del concepto, el origen del universo: la Reforma o la Ruptura. Todavía están pasando la cuenta de aquella chapuza de Transición que tuvo lugar nada menos que hace 40 años. Todavía cargan las tintas contra la opción que pidió poner patas arriba el sistema y comenzar de cero, desde criterios auténticamente democráticos.

La «desproporcionalidad» en la petición de Perals no tiene que ver con su impronta personal. Como ha recordado recientemente José Manuel Maza, fiscal general del Estado, los fiscales están sometidos al principio de jerarquía, lo que implica que «deben recibir órdenes». Están sujetos a una obediencia ciega, y la metáfora es del fiscal general, como en el Ejército. Perals pone el nombre a toda una estrategia, la de mantener una ocupación militar, alargar los períodos de comodidad política a cuenta del victimismo y mantener a la disidencia en los parámetros del «terrorismo». Detrás de esa conocida estrategia política, se esconden las claves en las que se ha visualizado el conflicto en las últimas décadas.

No hay que olvidar que esa «desproporcionalidad» ha estado presente en ambos lados de la trinchera. Para unos a través de una impunidad sistémica a todos sus desmanes. Para otros, con la aplicación de una legislación de guerra, estirada hasta límites únicos, en cualquiera de los aspectos que quisiéramos abordar: torturas, multas, destierros, interpretación punitiva y excepcionalidad de los códigos penales, cierre de medios de comunicación, ilegalización de corrientes políticas, difamación, actividad paramilitar, apaleamientos en manifestaciones, controles policiales, ejecuciones extrajudiciales…

Miles de personas han sufrido esta desproporcionalidad. Aún hay jóvenes en prisión acusados de haber atacado con cócteles molotov una sucursal bancaria, condenados a casi dos décadas de presidio, como si fueran homicidas. Varios centenares de jóvenes han sido detenidos, muchos también torturados, acusados de estar encuadrados en organizaciones juveniles independentistas. Directivos de un diario absuelto del delito inicial (“Egin”), han cumplido más años de cárcel que los guardias civiles que secuestraron y mataron a Lasa y Zabala, que los funcionarios del Ministerio del Interior que retuvieron a  Segundo Marey.

A pesar de que pueda parecer un anacronismo, España continúa aplicando un concepto jurídico fundamental, heredado de su pasado colonial. La segmentación que aludió Sven Beckert al describir la formación del capitalismo, es decir, la división del mundo en dos esferas, una «interna» y otra «externa». Esas dos esferas las ha aplicado históricamente y las sigue aplicando a estas alturas del siglo XXI. La «interna» la componen las leyes, las instituciones y las costumbres vigentes en la «madre patria» regida por el Estado español. En la esfera «externa», a pesar de que territorialmente y tal y como lo señala la Constitución de 1978 la unidad sea indiscutible, no se aplican las reglas de ámbito interior, al menos con la disidencia vasca.

De esa manera, nos topamos con esas cuestiones que tanto nos afectan, por simple cuestión comparativa. Los derechos humanos, el concepto de víctima, los castigos, corporales y penitenciarios, la aplicación de leyes excepcionales (ley de partidos entre otras), tienen dos acepciones, como apuntaba, la «interna» y la «externa». Seguimos en la «externa» en esa eterna paradoja que nos obliga a ser españoles, a aceptar todo su entramado jurídico y político excepcional. Y, sin embargo, actúan como si no lo fuéramos, como si continuamente nos tuvieran que recordar, con «desproporcionalidades», con relatos estrambóticos, con leyes injustas propias de regímenes dictatoriales, que la senda es única. Y que salirse de ella está gravemente castigado.

La petición penal del Estado a los jóvenes implicados en la trifulca de Altsasu, a través de fiscalía, responde a este criterio de «aplicación en esfera externa». Es cierto que con algunos aderezos importantes, relacionados con la coyuntura. Entre ellos, la también eterna desestabilización de Nafarroa para desmontar el proyecto nacional vasco: España o el caos. Como en otras ocasiones, el mensaje es diáfano: «no os vamos a dejar desarrollar vuestro proyecto, por las buenas o por las malas» (3.100 ejecutados por el franquismo en el Viejo Reino).

Con la retaguardia cubierta (acuerdo PNV-PP en el Estado, y PNV-PSOE en la CAV), Madrid aprieta el acelerador. Exactamente cuatro meses después de la trifulca de Altsasu, PNV, PP y PSOE votaban a favor en el Parlamento de Gasteiz del mantenimiento de las fuerzas de ocupación en Hego Euskal Herria. ¿Un síntoma? ¿Coincidencia de objetivos? ¿Enemigo o adversario común? Estamos en tiempos de cambios profundos, de transformaciones históricas que soliviantarán nuestro escenario, pero hay aún protagonistas congelados. En un discurso con el que se han sentido victoriosos y que intentarán alargar en la medida que sus alianzas se lo permitan.

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