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GASTEIZ

El Parlamento de Gasteiz vuelve a reclamar un fondo estatal para las víctimas del amianto

El Parlamento de Gasteiz ha vuelto a reclamar, de forma unánime, que el Congreso de los Diputados tramite una ley para crear un fondo estatal para compensar a las víctimas del amianto, un material cancerígeno que ha causado numerosas muertes y graves enfermedades a las personas que han permanecido expuestas a él.

Esta demanda, planteada a través de una iniciativa legislativa ante las Cortes Generales, ya fue aprobada en la pasada legislatura en Gasteiz, aunque el Gobierno del PP rechazó que fuera tramitada en el Congreso por considerar que afectaba a los Presupuestos Generales del Estado. Tras el veto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la Mesa del Congreso también rechazó la tramitación de la propuesta, por lo que ésta ni siquiera llegó a ser debatida en el Congreso de los Diputados.

Ahora, los grupos de la Cámara gasteiztarra han aprobado una iniciativa similar que trata de sortear un nuevo veto del Gobierno de Madrid, concediendo al Ejecutivo un mayor margen para adaptar la aplicación de la ley a los Presupuestos, de forma que éstos no se vean alterados.

El texto reclama que se cree un fondo estatal para indemnizar a las víctimas del amianto, con el fin de «reparar el perjuicio» sufrido por aquellas personas que hayan sufrido daños por la exposición a esta sustancia.

Desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE), Jon García, que ha acudido al Parlamento para presenciar el debate, ha recordado que en el Estado francés y en otros países ya se aplica desde hace años una compensación automática para personas a las que se diagnóstica una enfermedad vinculada de forma directa al amianto.

No obstante, se ha mostrado «escéptico» respecto a las posibilidades de que la propuesta vaya a prosperar en esta segunda tentativa. García ha considerado «vergonzoso» que determinados partidos con representación en el Congreso y en el Parlamento de Gasteiz aprueben una iniciativa de este tipo en la CAV, mientras que en Madrid «miran hacia otro lado» e impiden que se debata.