El Consejo de Europa insta al Gobierno español a investigar la actuación policial del 1-O

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha instado al ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, a realizar «una investigación rápida, independiente y eficaz» sobre las denuncias contra la actuación policial el 1-O en Catalunya.

NAIZ|ESTRASBURGO|09/10/2017 10:32|3 comentarios
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Intervención de la Guardia Civil en Sant Julià de Ramis, donde debía haber votado el president Puigdemont. (Raymond ROIG/AFP)

Muiznieks asegura en su carta, fechada el 4 de octubre, que la investigación de la actuación policial con motivo del referéndum en Catalunya es de «vital importancia» para «prevenir cualquier escalada de tensiones y violencia».

Cree que depurar responsabilidades por lo sucedido en la jornada del referéndum en Catalunya «es esencial para preservar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden».

El comisario afirma que ha recibido informes sobre «el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y personas que ofrecían una resistencia pasiva a la acción policial».

Además, critica la utilización de armas antidisturbios y pelotas de goma y recuerda que, en su informe de 2013 sobre el Estado español, sostuvo que «el uso de esas armas constituye un claro peligro para la seguridad de los manifestantes».

Consciente de la dificultad policial de hacer su trabajo en ese contexto tenso, Muiznieks apuesta por regular y supervisar el uso de esas armas y que los agentes «reciban instrucciones claras sobre la necesidad de ejercer un uso de la fuerza moderado y proporcionado».

Invita además a establecer un mecanismo de denuncias contra todos los cuerpos de fuerzas de seguridad, ya sea «ampliando las competencias del defensor del Pueblo o estableciendo un nuevo órgano», ya que los existentes, en su opinión, no garantizan sanciones adecuadas ni reparaciones efectivas.

El comisario también ha publicado la respuesta del ministro español dos días después, en la que este asegura que las FSE «siguieron instrucciones del poder judicial, y actuaron prudente, apropiada y proporcionalmente».

Todo ello con el objetivo de «asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos».

Las actuaciones policiales «no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas, sino que buscaron la no celebración de la consulta», apunta Zoido, quien añade que no se puede aceptar «el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos del resto».

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