«Creo que estamos cerca de un acuerdo con los acreedores», dijo Varoufakis en una entrevista con la cadena de televisión privada griega Star, en la que añadió que a su juicio es una cuestión de «una semana» hasta que Grecia y los socios «puedan darse la mano» para cerrar un acuerdo.

No obstante, reconoció que aún existen tres puntos claves en los que todavía hay diferencias de opinión: las pensiones, la reforma laboral y asuntos de financiación. Según el ministro, los acreedores insisten en que se permitan los «despidos masivos», algo a lo que Atenas no está dispuesta.

Pese a que Grecia tiene problemas de liquidez, Varoufakis prometió que se pagarán con normalidad los sueldos y las pensiones a finales de mes, dos compromisos que calificó de «sagrados».

En caso de que se planteara la situación en que hubiera que optar entre el pago de un crédito o el de las pensiones, Varoufakis fue claro: «Ante el dilema de pagar a un prestamista que se niega a firmar con nosotros un acuerdo que es en beneficio mutuo o a un jubilado, pagaremos al pensionista», recalcó.

En ese contexto, pidió a los socios que «dejen de jugar al juego de la asfixia» financiera, y a posibilitar un acuerdo que permita a la economía griega «respirar» de nuevo.

El ministro aseguró que su Gobierno nunca se ha planteado abandonar la zona euro y, aunque reconoció que el proceso de la negociación es «doloroso», aseguró que «la ruptura nunca ha estado» en su agenda.

En este mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien señaló a la agencia Bloomberg que confía en que los acreedores de Grecia y el Gobierno de Atenas lleguen a un acuerdo «hacia finales de mayo, principios de junio», aunque descartó que se alcance en la cumbre de la UE con los socios del Este en Riga prevista para mañana y pasado.

Estas palabras se producen un día después de que un rotativo heleno filtrara que Jean-Claude Juncker ha propuesto un acuerdo de compromiso que contempla un desembolso parcial del rescate en junio y un pacto global en otoño.

Así, Grecia obtendría en junio 1.800 millones de euros de los 7.200 millones pendientes del rescate, procedentes de las ganancias del BCE con los bonos helenos en 2014 –algo que Atenas viene reclamando como dinero suyo desde hace meses–, así como, a partir de julio, 1.900 millones correspondientes a este año por el mismo concepto.

El documento exigiría a cambio que Atenas apruebe un paquete de medidas por un total de 5.000 millones de euros para cubrir la brecha financiera prevista para este y el próximo año. Para lograr esta cuantía, el Ejecutivo heleno debería, entre otras medidas, reformar el sistema actual del IVA y mantener el controvertido impuesto sobre la vivienda que el actual Gobierno quería eliminar para las primeras residencias.

A cambio de efectuar estas concesiones, Atenas podría mantener por unos meses sus líneas rojas, es decir, no rebajar las pensiones complementarias ni desregularizar el mercado de trabajo.

El Gobierno de Tsipras acepta establecer dos únicos tipos de IVA

Según las últimas filtraciones que están trascendiendo en los últimos días, el Gobierno griego estaría dispuesto a aceptar la propuesta europea de reformar el actual sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Así, se sustituirían los tres tipos vigentes (23%, 13% y 6,5%) por dos, que serán del 18% y del 9,5%, y que podrían reducirse al 15% y al 6,5% si los pagos se efectúan con tarjeta.

Con este nuevo régimen fiscal, el Gobierno espera ingresar al menos 200 millones de euros adicionales al año. Al incentivar el pago con tarjeta espera asimismo reducir el elevado fraude en el cobro del IVA, uno de los quebraderos de cabeza de todos los gobierno helenos.

El IVA reducido se aplicará a alimentos, medicinas y periódicos, mientras que el resto se verá sujeto al tipo uniforme. Así, los alimentos tan solo mantendrán su gravamen actual del 6,5% si el cliente opta por pagar con tarjeta.

La factura de la luz experimentará una clara subida, pues actualmente está sujeta al tipo medio del 13% y en el futuro lo estará en el 15%, independientemente de si el pago se efectúa al contado o con tarjeta.

Esta medida, sin embargo, levantó ayer las primeras protestas, como la del sector turístico, que considera que el aumento de los tipos del 6,5% al 9,5% y del 13% al 18% afectará a las pequeñas y medianas empresas, que no podrán absorber la subida. GARA