La asociación Adi! cree que el nombramiento de la exministra Margarita Mariscal de Gante como presidenta del tribunal que resolverá el “caso San Antonio”, «obstaculizará el esclarecimiento del caso y no ayudará a una sentencia objetiva del mismo».

El organismo anticorrupción recuerda en una nota de prensa que Mariscal de Gante fue ministra de Justicia con el Gobierno de José María Aznar, y que será la responsable de analizar, junto con el magistrado nombrado por el PP Jose Manuel Suarez, y otro nombrado por el PSOE, el recurso presentado contra el fallo inicial del Tribunal de Cuentas, que condenó a Alfonso Alonso y Javier Maroto al pago de 393.862 euros por el perjuicio ocasionado a las arcas gasteiztarras en el alquiler en condiciones gravosas de unas oficinas municipales al empresario Gonzalo Antón.

Tendenciosidad

Adi! señala que si el PP puso en su día en duda la imparcialidad de la magistrada que dictó la sentencia inicial, nombrada por el PSOE a propuesta de IU, esta última decisión muestra una «tendenciosidad» a favor de los encausados. A su juicio, lo ocurrido «nos lleva a poner en cuestión el aparato judicial del Estado por su falta de imparcialidad». «La independencia judicial –añade la asociación– es indispensable para garantizar que los procesos y las sentencias que se deriven de ellos sean lo más objetivas y justas posibles, depurando responsabilidades y yendo hasta el final de estos casos, en los que están involucrados políticos de relevancia». En este sentido, Adi! sostiene en su comunicado que «la falta de un poder judicial realmente independiente y al margen de toda supeditacion politica, y el alargamiento de los procesos judiciales, hace que la mayor parte de los involucrados en estos casos se sientan impunes».