La batalla judicial sobre el polémico proyecto de incineradora de Zubieta sigue abierta tras un fallo parcial contrario al recursos de GuraSOS. Pero sin embargo continúa también la política de hechos consumados que caracteriza a este conflicto. Apoyándose en la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco conocida ayer, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, salió inmediatamente a la palestra para asegurar que el proyecto ya tiene «soporte y respaldo definitivo», que la firma de la adjudicación (ya decidida en diciembre) «es inminente» y que las obras «podrían comenzar a finales de febrero o primeros de marzo».

La réplica del colectivo GuraSOS también resultó fulminante y tajante. «Las obras no van a comenzar, estamos seguros de ello», dijeron en una comparecencia urgente en Donostia Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta. Lo justifican en que hay iniciativas judiciales aún no resueltas, en que «no creemos que los tribunales vayan a permitir semejante desprecio a los derechos de la ciudadanía» y en que tampoco contemplan que «las autoridades forales se tiren a la piscina sin esperar al resto de pronunciamientos. Si así fuera, estarían jugando a la ruleta rusa con el erario público».

Dos versiones

El dictamen judicial del TSJPV esgrimido por Diputación como definitivo en realidad atañe solo a una de las alegaciones presentadas por GuraSOS. «No zanja la cuestión –remarcó este colectivo–, puesto que se circunscribe al proceso de deliberación participativa solicitado por GuraSOS el 5 de julio en base a la Norma Foral de Participación, pero no entra a valorar la legalidad de la contratación, ni la de la autorización ambiental, ni la ampliación de la vigencia del PIGRUG acordada mediante una disposición adicional en los presupuestos forales. Serán las siguientes resoluciones las que resolverán si se suspende o no la licitación de la incineradora», concluyó.

La Diputación, por contra, no alude en su valoración a estos aspectos sin resolver. Al contrario, dice que el dictamen «es contundente, clarifica el panorama y desbloquea el procedimiento de la adjudicación». El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, se jactó de que «una vez más Bildu y los opositores al Plan de Residuos han visto rechazadas sus pretensiones en los tribunales».

El fallo efectivamente hace referencia solo a la demanda de participación en el proceso, asegurando que esto no puede prevalecer sobre «intereses públicos de notable entidad» y añadiendo que «el proyecto cuenta con una legitimidad de origen dotada de sólida apariencia, al venir avalado por un Plan Integral en su día aprobado por las Juntas Generales».

Movilización el domingo 19

Convencido de que «la última palabra no va a ser de los tribunales, sino de la sociedad», GuraSOS ha convocado una marcha el domingo 19 de febrero a mediodía desde el Buen Pastor hasta Alderdi Eder. Su objetivo será reivindicar una vez más acuerdo y solución, porque «no es hora de las batallas, ni judiciales ni políticas. No es hora de ganar o perder. Si no ganamos todos, vamos a perder todos. Y hay que hacérselo entender a las autoridades».

Belaustegi e Izeta desearon que sea «la movilización más masiva hasta la fecha» y «se sume cualquier persona que tenga claro que esta no puede ser una causa de división social y permanente conflicto político».

La ampliación de la vigencia del PIGRUG vía presupuestos, también a los tribunales

GuraSOS no solo espera todavía respuesta a la cuestión central de la autorización ambiental y la legalidad consiguiente de la contratación, sino que dio a conocer que llevará a los tribunales –hoy mismo– otra nueva irregularidad, que tilda de «último ejemplo de huida hacia adelante de las autoridades». Se trata de la ampliación de la vigencia del PIGRUG 2002-2016, que afirma que ha sido cometida «sin tramitación alguna, sin el proceso de participación al que obliga la ley, sin hacer una evaluación del plan anterior y sin analizar la situación actual de los residuos». El colectivo denuncia además que una disposición adicional introducida en la Ley de Presupuestos «nos está diciendo que esa revisión no se va a acometer hasta al menos dentro de tres años. No se puede decir más claro. No van a cumplir la ley hasta haber terminado las obras de la incineradora», concluye.

Por otro lado, el fallo conocido ayer del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es recurrible ante el Supremo español, para lo que se dispone de un plazo de 30 días. R.S.