La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó ayer reinstaurar la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, lo que deja en manos del Senado la decisión final sobre el castigo capital.

El polémico Proyecto de Ley 4727, aprobado con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención fue apoyado por el presidente, Rodrigo Duterte –fue una de sus promesas electorales–, como parte de su «guerra contra las drogas».

Filipinas abolió por segunda vez –la primera, en 1987, para ser restaurada en 1993– la pena de muerte en 2006, durante el mandato de Gloria Macapagal Arroyo, quien se encuentra en la actualidad entre los principales aliados políticos de Duterte, aunque en la sesión de ayer votó en contra.

El proyecto, cuya aprobación en la Cámara Baja ha requerido tres votaciones, contempla la cadena perpetua para un total de ocho delitos relacionados con drogas. La pena capital se reserva, entre otros, para el tráfico de estupefacientes a partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, así como para los «asesinatos» cometidos bajo la influencia de las drogas, convirtiendo su uso en agravante.

Las ejecuciones, que no se aplicarían ni a los menores de 18 años ni a los mayores de 70, se realizarían mediante ahorcamiento, inyección letal o pelotón de fusilamiento.

La propuesta inicial incluía 21 delitos, pero la Cámara Baja decidió limitarla a los citados ocho casos relacionados con drogas para agilizar su tramitación, con la intención de incluir los cargos retirados más adelante.

El Proyecto de Ley 4727 pasa así al Senado, formado por 24 escaños, donde habrá tres debates que se prevén más disputados.