La Oficina Europea de Estadística ha recopilado los datos de cada estado de la UE relativos a las intervenciones realizadas para rescatar a los bancos privados en el periodo que va desde 2008 hasta 2015. Con esos balances, el Banco de España (BdE) ha publicado a principios de abril un artículo analítico, firmado por Antonio Millaruelo y Ana del Río, en el que evalúa «el coste de las intervenciones en el sector financiero» desde el inicio de la crisis en una Unión Europea en la que «las ayudas han estado autorizadas y sujetas a la condicionalidad exigida por la Comisión Europea».

El artículo analiza «los costes directos en términos de recursos públicos» que han supuesto las medidas de rescate, excluyendo los «efectos indirectos de la crisis sobre las cuentas públicas» debido, entre otras causas, a la caída de ingresos impositivos, el aumento de gastos asociados a la recesión y la pérdida de valor de los activos. Tampoco se incluyen las medidas adoptadas por los bancos centrales en respuesta a la crisis y que «han sido cruciales para la estabilización del sector financiero».

Aún así, el coste calculado del rescate de la banca para las arcas públicas en los 28 estados de la UE está siendo astronómico: más de 1,9 billones de euros (corresponde a la suma de las columnas de cantidades “utilizadas” de la tabla adjunta). Una cifra que continúa subiendo desde 2015 ya que «el coste final no quedará completamente identificado hasta que concluyan los procesos de reestructuración pendientes y finalice la exposición que todavía mantiene el sector público frente al sector bancario».

Impacto desigual

El impacto ha sido muy desigual por estados porque mientras algunos no lo han notado en sus propias carnes (cuentas públicas), otros se han dedicado a dar “tijeretazos” a los presupuestos, especialmente en las partidas destinadas a gasto social y a salarios públicos.

Como se observa en los gráficos anexos, los que más dinero sonante y contante están inyectando a los bancos privados con sede en sus respectivos territorios son la República de Irlanda, el Estado español y Alemania. Si estas cantidades se pasan por el tamiz del porcentaje sobre el producto interior bruto (PIB), Irlanda sigue al frente de la clasificación, seguida de Grecia y Eslovenia; el Estado español pasa a la sexta plaza y Alemania recula hasta la undécima.

También conviene reparar en la columna dedicada al aumento porcentual de la deuda pública en el periodo analizado, con cifras escalofriantes como las de Grecia, el Estado español, Portugal, Chipre y Eslovenia, cuyo incremento ha sido cercano o superior al 60%.

En estos momentos todos estos estados miembros –y no solo Grecia– están, de una u otra manera, bajo supervisión de la Comisión Europea, que es la que encargada de validar o rechazar sus políticas fiscales.