El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció ayer que al menos 41 activistas han muerto de forma violenta en Colombia en lo que va año, lo que evidencia un agravamiento de este fenómeno con respecto a los últimos años. «Es un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado y de los años anteriores, y es muy alarmante», advirtió el responsable de la ONU.

Esos ataques parecen concentrarse en los territorios dejados por las FARC como consecuencia del acuerdo de paz, detalló Zeid, en una rueda de prensa en la que hizo un repaso de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo.

Sobre el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, comentó que «el proceso de paz avanza, aunque despacio, pero avanza». Sin embargo, advirtió de que de continuar los ataques contra defensores de los derecho humanos «podría perjudicar los enormes esfuerzos puestos en este proceso de paz», por lo que instó a todos en Colombia a «mantenerse vigilantes».

De manera más general, señaló que es usual observar que en situaciones de posconflicto al tiempo que disminuyen las muertes causadas por la violencia armada, se aprecia el aumento de las violaciones de los derechos humanos.

«Tenemos que estar muy cuidadosos de que esto no ocurra en Colombia», subrayó. La pasada semana, el Estado Mayor Central de las FARC-EP denunció la muerte de tres familiares del guerrillero Guillermo León Osorio, que actualmente se encuentra en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Juan Carlos Castañeda. Los hechos ocurrieron el 24 de abril en el municipio de Taraza, en el departamento de Antioquia. Sobre las 20.30 fueron encontrados en su vivienda los cuerpos de dos adultos y de una menor de 14 años. Allegados responsabilizaron de lo ocurrido a grupos paramilitares que operan en la zona, quienes habrían amenazado con «matar a toda la familia».

Exigencia de las FARC

Lo ocurrido fue puesto en conocimiento de los mecanismos de monitoreo y seguimiento de los acuerdos de La Habana.

Asimismo, las FARC denunciaron el secuestro, tortura y degüello en el Chocó de dos hermanos de un guerrillero preso.

Exigieron al Gobierno la creación con carácter de urgencia de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales así como la puesta en marcha de las medidas de protección y seguridad, previstas en los acuerdos, y a la Fiscalía que investigue de manera «eficiente e imparcial estos graves hechos, que violan el cese al fuego».