Es nuestro hombre, nuestro candidato». Sin dejar de agitar los emblemas negros de la Super Alianza Nacional (NASA), la coalición opositora que aspira a derrocar al Jubilee Party del actual presidente, Uhuru Kenyatta, Omar avanza junto a sus compañeros hacia el centro de la ciudad. Están convencidos de que la alianza kikuyo-kalenjin, las étnias más poderosas del país, no podrá seguir gobernando el país: la corrupción y el desempleo alimentan el descontento. Pero sobre todo, apunta el investigador en política social de la Universidad de Nairobi, Sekou Toure Otondi, se trata de una cuestión «étnica»: «La gente vota en función de su etnia; cree que si uno de ellos está en el poder las cosas serán mejores para su comunidad».

Así ha funcionado históricamente la política en Kenia. Desde la vuelta al sistema de partidos en 1991, los kikuyo, la étnia más numerosa y con mayor influencia, han ido fraguando alrededor de sus líderes políticos, encabezados por el padre fundador Jomo Kenyatta y su hijo y actual presidente Uhuru, una élite económica enriquecida entre las paredes de cristal que conforman el skyline de Nairobi. Según la revista “Forbes”, el propio Uhuru Kenyatta se encuentra entre las 30 personas más ricas de África: es dueño de un gran conglomerado mediático, de negocios turísticos, bancarios e inmobiliarios. Posee, además, vastas extensiones de tierras en el valle del Rift, adonde las malas lenguas dicen que viajaba cada día en helicóptero para comer en sus inicios políticos.

Es precisamente la distribución de las tierras, heredada de la época colonial, lo que eleva una y otra vez las disputas tribales. Kikuyo y kalejin dominan el valle del Rift, el granero que alimenta el país, pese a las constantes tensiones con las decenas de grupos étnicos con los que conviven. En el entorno del lago Victoria, en la frontera con Uganda y Tanzania, son los luo los que reclaman sus derechos históricos sobre el territorio. A pesar de ser sólo la cuarta etnia más numerosa, son los luo la oposición más feroz al régimen kikuyo. Lo fueron también en 2007, cuando el líder del Movimiento Demócrata Naranja (OMD), Raila Odinga, rechazó su derrota electoral ante el candidato kikuyo Mwai Kikabi acusándolo de fraude electoral.

Más de 1.300 personas fallecieron y más de 600.000 tuvieron que abandonar sus hogares tras la oleada de violencia que sacudió al país en las semanas siguientes, hechos en los que también se vio involucrando el actual presidente, Uhuru Kenyatta, a quien el Tribunal Penal Internacional absolvió en 2014 de cualquier responsabilidad.

Por eso cuando Odinga anunció el pasado día 27 en un multitudinario acto celebrado en el centro de la capital que sería de nuevo el candidato para los comicios de agosto, el fantasma de la violencia tribal oscureció de nuevo las nubes del horizonte.

Esta vez Odinga no viene sólo, el OMD se ha integrado en una coalición de cinco partidos, NASA, con el único objetivo de derrotar a los kikuyo. «Esta vez pueden lograrlo», concluía un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad de Nairobi.

Los comicios, ya desde las primarias en las que se eligen a los líderes que representarán a los distintos partidos políticos en los 47 condados del país, están resultando muy disputados. Y eso está disparando la tensión: entre el 12 y el 27 de abril se registraron 24 homicidios vinculados a las elecciones. Uno de ellos en el propio mitin del parque Uhuru. Otro en Juja Road, apenas a unos kilómetros, donde simpatizantes de dos aspirantes se enfrentaron violentamente. «La mayor amenaza es lo que pueda ocurrir en agosto, si la gente vuelve a salir a la calle porque no acepta el resultado electoral», alerta Toure Otondi.

El Gobierno ha anunciado ya que tomará «medidas decisivas» para frenar cualquier acto de violencia: hasta el momento 63 personas han sido ya detenidas, entre ellos un aspirante al Parlamento y sus guardaespaldas. «Reclamar la repetición de las nominaciones, como ha ocurrido en algunos partidos –incluido el Jubilee party–, no es necesariamente la mejor manera de prevenir la tensión ni frenar la violencia. Medidas rápidas contra aquellos miembros que ejecuten, financien o consientan la violencia o cualquier mala práctica electoral podrían ser la solución para evitar los malos comportamientos dentro de los partidos», señala una de las asesoras de la Corte Suprema de Kenia, Juliet O. Nyang’ai.

La salida pacífica de 2013

En Kenia, cualquier escenario es válido para la discusiones políticas. La cafetería de la universidad, los restaurantes de Lavington o los bancos de un parque. A la sociedad keniata le gusta debatir sobre lo mejor para el país, aunque no siempre luego acudan a votar. «Hay mucho descontento con la clase política», apunta un joven empresario de mediana edad, hastiado de las trabas burocráticas que impiden prosperar aún más al país, uno de los más desarrollados de la región pero que registra al tiempo grandes tasas de desigualdad.

Faltan infraestructuras y sobran slums. Pero sobre todo falta inversión en las zonas rurales, lejos de la burbuja de lujo del centro de la capital. «Existe una discriminación étnica, no en la educación, pero sí en el acceso a las oportunidades», resume Toure Otondi. Esa es la clave del descontento social. Del «No más Jubilee» que vociferaban los simpatizantes de NASA. Del hastío que puede volver a incendiar las calles en agosto.

Aunque a diferencia de lo que ocurrió en 2007, el país está ahora mejor preparado para dirimir las disputas electorales. La Constitución redactada en 2010 garantiza la representación territorial al dividir el país en condados, mientras la Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) dirime cualquier acusación de fraude. Así ocurrió en 2013, cuando Kenyatta se impuso a Odinga por un estrechísimo margen que obligó a un recuento manual de los votos. Pese a que la oposición denunció que el resultado había sido «manipulado», aceptaron resolver la disputa en los tribunales, lo que se tradujo en una transición pacífica.

¿Lo volverán a hacer en 2017? La oposición ya forzó, después de que varias personas murieran durante las protestas, la dimisión de la cúpula de la IEBC el pasado octubre acusándoles de haber amañado con el Gobierno de Kenyatta los comicios de agosto. Un aviso de lo que podría estar por venir.