La nueva ley aprobada el pasado miércoles por el Congreso de Argentina impide conceder a los culpables de delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra el beneficio de reducción de condenas. El texto salió adelante tras debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos protagonistas y víctimas directas de la última dictadura militar (1976-1983), y supone un límite y una derrota política de una fuerza inesperada para la derecha en Argentina.

La rápida aprobación por unanimidad de la ley puso de manifiesto el sentir de la sociedad argentina y lanzó una señal clara a los jueces, después de que una semana antes la Corte Suprema de Justicia resolviera declarar aplicable el artículo 7 de la Ley 24.390, conocida como «ley 2x1», vigente entre 1994 y 2001, para reducir el cómputo del periodo en prisión en el caso de Luis Muiña, autor del secuestro en un hospital en Buenos Aires en 1976.

Aquella ley de excepción, concebida para hacer frente a la superpoblación en las cárceles y la lentitud de la Justicia, establecía que si la detención preventiva de un imputado duraba más de dos años –en Corrientes, un acusado de robo estuvo procesado durante 14 años–, cada día a partir de entonces se computaría doble a la hora de fijar la duración de la condena. Pero la decisión del Congreso restringe ese beneficio en el caso de los represores de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad y sentencia que solo podrá aplicarse a los procesados que estuvieron detenidos entre 1994 y 2001, los años de vigencia de la ley, que no es el caso de Muiña.

La decisión de la alta instancia judicial provocó la indignación e inmediata respuesta de todos los sectores de la sociedad civil, que interpretaron que formaba parte de un debilitamiento de las convicciones en materia de derechos humanos y hasta de cierta banalización de los crímenes de Estado, lo que desconcertó a quienes lo impulsaron, desde el Gobierno de Mauricio Macri y la Iglesia católica, apelando al perdón y a la reconciliación –una campaña que arrancó el mismo día que Macri asumió la Presidencia– y entre sectores de la oposición y la propia judicatura, y les forzó a recular. Y el Congreso se vio obligado a dar una respuesta veloz y contundente. Macri, señalado por la oposición como instigador del fallo judicial, tuvo que romper su silencio tras la decisión parlamentaria para decir que está en contra de «cualquier herramienta que facilite la impunidad, más aún cuando es por delitos de lesa humanidad».

Avance en materia de garantías

La «ley 2x1», elaborada por el Gobierno de Carlos Menem, fue aprobada en 1994, tras un acalorado debate en el Congreso. Supuso un avance importante respecto a las garantías procesales y constitucionales y permitió recuperar la libertad o reducir sus condenas a muchos presos, también políticos aunque la mayoría eran comunes.

La derecha y sectores afines se movilizaron y presionaron contra esta ley argumentando que los delincuentes salían en libertad, o «entraban por una puerta y salían por otra» y consiguieron su revocación, y aunque las normas procesales fijan en dos años el periodo máximo de prisión preventiva, los procesos siguen prolongándose durante años mientras los imputados permanecen en un limbo judicial. De hecho, los informes gubernamentales indican que la mayoría de los reclusos no están condenados.

Pero, además, su derogación permitió –y lo sigue haciendo– que los fiscales presionen a procesados y abogados para que acepten juicios abreviados y condenas de común acuerdo y que los jueces tiendan a sentenciar con penas elevadas para justificar los años que el acusado ha pasado en prisión y evitar, así, que los afectados denuncien e inicien acciones judiciales contra el Estado.

Ahora, el Gobierno del derechista Macri, junto a la jerarquía de la Iglesia católica cómplice de la dictadura y con el apoyo de la Corte Suprema, ha intentado cumplir las promesas electorales realizadas al sector más reaccionario del país, incluidos los represores y su entorno, que podría sumar en torno al millón de votos. Pero la sociedad le ha puesto el primer límite.

La Ley 24.390 estuvo vigente cuando en Argentina regían normas que hacían imposible ejercer la acción penal para casos como el de Muiña. Se aprobó en 1994, 18 años después de los delitos por lo que fue condenado este agente civil de Inteligencia y se derogó en 2001, una década antes de que fuera detenido. Meses antes de su aprobación había salido adelante la reforma constitucional de 1994 que elevó a rango constitucional tratados internacionales que imponen la obligación de juzgar y castigar con penas adecuadas las graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, e impedían la amnistía y establecer rebajas de pena que desvirtuaran las fijadas teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.

La respuesta del Congreso al fallo de la Corte Suprema es un mensaje contra la impunidad, similar al de 2003, cuando el Parlamento declaró nulas las leyes de punto final y obediencia debida, promulgadas en 1986 por Raúl Alfonsín.