I.O.
IRUÑEA

El Supremo deja en manos de la AN la causa por la trifulca de Altsasu

El Tribunal Supremo considera que los hechos acaecidos en la trifulca de Altsasu podrían ser constitutivos de un delito de «terrorismo», por lo que dictamina que la causa se juzgue en la Audiencia Nacional. Cientos de personas mostraron en la calle su rechazo a la decisión y pidieron la libertad de los encausados.

El Tribunal Supremo ha establecido que la causa por la trifulca registrada en Altsasu el 15 de octubre de 2016 debe juzgarse en la Audiencia Nacional española y no en Nafarroa, como había solicitado la propia Audiencia Provincial, al entender que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de «terrorismo». El Tribunal Supremo ha fallado así a favor del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional española en la cuestión de competencia sobre la trifulca de Altsasu que planteó el juzgado de instrucción número 3 de Iruñea a instancias de la Audiencia de Nafarroa, que consideraba que los hechos no se enmarcan en un delito de «terrorismo».

El alto tribunal español establece que «en una valoración provisional» realizada a «los solos efectos de determinar la competencia» sobre el caso, aprecia «indiciariamente que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo», con encaje en el artículo 573.1 del Código Penal. «La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes», sostiene el Supremo.

Sobre la concurrencia de las finalidades previstas por el citado artículo del Código Penal para que exista este tipo de delitos –para que exista «terrorismo» el autor debe perseguir con él provocar un estado de terror en la población–, el fallo afirma que «indiciariamente» pueden apreciarse indicios de su existencia. El TS cree por ello que la competencia en este momento procesal corresponde a la Audiencia Nacional, «sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del enjuiciamiento».

De los nueve procesados en esta causa, tres –Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz– permanecen en prisión desde noviembre.

Masivo rechazo

Cientos de personas denunciaron en la plaza de Altsasu la decisión del TS y pidieron la libertad de los encausados. La movilización inicialmente convocada fue suspendida tras conocerse la prohibición por parte de la delegación del Gobierno español en Nafarroa. «Hoy hemos recibido un duro golpe. Un golpe premeditado el Estado y sus aparatos judiciales continúan obcecados con el sinsentido de este montaje. Esto nos sitúa ante la Audiencia Nacional. No solo a los acusados. Nos sitúa a todas y a todos. No les vamos a dejar solos. Van a tener a todo un pueblo en frente», expresaron en un comunicado leído en la plaza.

Sortu, por su parte, emitió un comunicado en el que calificó la decisión de desproporcionada. El texto destaca que el desarme del 8 de abril fue crucial para avanzar hacia un nuevo escenario, ante lo que denuncia que «aquí algunos no tienen ningún interés en trabajar a favor de la paz». Según la formación, pronunciamientos de este tipo «profundizan en el sufrimiento, sin darse cuenta que con ello castigan a toda la sociedad vasca».

En los últimos meses han sido muchos los colectivos que han manifestado su respaldo a los jóvenes encausados. Esta misma semana se conocía que más de 80 alcaldes vascos se adherían a la petición de que la causa sea juzgada en Nafarroa bajo criterios de proporcionalidad, equidad y justicia. Asimismo, eurodiputados de Izquierda Unida, Podemos, PNV, EH Bildu, ERC, ICV, PDeCat y EQUO suscribieron una declaración de apoyo en la Eurocámara.