La sangrienta «guerra contra las drogas» del presidente filipino, Rodrigo Duterte, cumple un año con, hasta la fecha, en torno a 5.000 fallecidos –muchos en circunstancias sospechosas–, donde se duda del impacto en el narcotráfico y que ha provocado la indignación internacional. Al llegar al poder el 30 de junio del año pasado Duterte prometió detener el abuso de las drogas.

Ahora su Gobierno asegura que la delincuencia ha caído, pero muchos críticos cuestionan su versión y afirman que la Policía ha ejecutado a miles de sospechosos con total impunidad. Para ellos, el número de víctimas está muy por encima de los 5.000 que la Policía ha identificado como homicidios relacionados con drogas o sospechosos muertos a tiros durante las operaciones. Sin embargo, no han identificado ningún móvil en «al menos 7.000 asesinatos y homicidios». Defensores de derechos humanos creen que la Policía encubierta mató a muchas de sus víctimas. Además, la bajada del precio de la metanfetamina cristalina o el aumento de los robos callejeros y el allanamiento en un 6,3% contradicen la versión oficial sobre un menor tráfico de drogas o un aumento de la seguridad.