Tras cuatro meses de conflicto, la estiba alcanzó ayer un principio de acuerdo. Así lo anunció Antolín Goya, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, al término de la reunión mantenida con Anesco, que calificó el pacto de «buena noticia para la estiba».

En virtud del acuerdo, los sindicatos (Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CCOO, CGT y CIG) y la patronal fijaron las líneas básicas para sentarse a negociar un nuevo convenio, tras ceder ambas partes en sus pretensiones iniciales.

Los representantes de los trabajadores se comprometieron a desconvocar los paros previstos y a garantizar la estabilidad en el sector en tanto se desarrolla la negociación, mientras que los empresarios garantizan la subrogación del colectivo. De esta forma, quedaron desconvocados los paros parciales previstos para hoy, y los dos paros de 48 horas de la próxima semana, entre el 3 y el 5 de julio y entre los días 6 y 8.

El acuerdo pone fin al conflicto que surgió cuando, a comienzos de febrero, el Gobierno emprendió la reforma del régimen legal de la estiba con el fin de liberalizar el sector y adecuarlo a la normativa europea para evitar una multa de Bruselas. No obstante, una vez aprobada esta reforma en mayo, el conflicto se trasladó al ámbito de la negociación colectiva, y en junio desembocó en un calendario de paros en los puertos que se han extendido casi un mes y que, según el Ministerio de Fomento, habrían causado pérdidas por unos 150 millones de euros.

El consenso ha sido posible gracias a que ambas partes han cedido respecto a sus pretensiones iniciales y al cambio de postura de la patronal después de que la pasada semana tres empresas dejaran la asociación.

Así, los empresarios se avienen a subrogar a los estibadores antes de acometer un ajuste en este colectivo a través de prejubilaciones voluntarias. Hasta ahora, condicionaban la subrogación a acometer primero la reducción de plantillas.

Los sindicatos renuncian a su pretensión de que las empresas se comprometan a participar en los centros portuarios de empleo (CPE), las nuevas ETT's en que se pueden convertir las sociedades de gestión de estiba portuaria (Sagep), las firmas de las que hasta ahora dependían todos los estibadores y monopolizaban la estiba, que desaparecen tras la reforma. Además, los estibadores aceptan que se acometa un ajuste en las plantilla de aquellos puertos en los que haya excedentes mediante prejubilaciones voluntarias. También ratifican su compromiso de reducir un 10% sus salarios y pactar con las empresas medidas operativas y de organización del trabajo para mejorar la competitividad.

Una vez determinados estos aspectos básicos, las dos partes convienen en sentarse a negociar su desarrollo para definir un nuevo convenio colectivo, adaptado a la reforma. Los sindicatos se comprometen a garantizar estabilidad y paz social en los puertos mientras se vaya definiendo el convenio, que confían tener listo para el 30 de setiembre. La próxima semana mantendrán una reunión para determinar el calendario de negociación y los puntos a tratar.

El TJUE dictará sentencia el 13 de julio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia el 13 de julio sobre el incumplimiento del Estado español en el asunto de la estiba, según informaron fuentes de esa corte.

La Comisión Europea solicitó una multa de 27.522 euros por cada día que pasara sin adaptar la legislación sobre el sector de la estiba desde que se produjo la primera sentencia, el 11 de diciembre de 2014, hasta la adopción definitiva de las medidas. Por ello, Madrid acumula una multa superior a 24 millones de euros.

Cuando el Congreso de los Diputados aprobó el 18 de mayo la reforma del sector de la estiba, la CE abrió la puerta a «congelar» el procedimiento de infracción abierto contra el Estado español en el Tribunal de Luxemburgo.

La apertura del caso se remonta a setiembre de 2012, cuando la Comisión dio un ultimátum al Estado español para que modificara el régimen de contratación de estibadores al considerar que su normativa incumplía el principio de libre establecimiento de las empresas.