El Senado polaco aprobó ayer la polémica reforma del Tribunal Supremo impulsada por el Gobierno ultraconservador del PiS, una medida ya fue avalada el jueves por la Cámara Baja y que ha generado protestas en toda Polonia –miles de ciudadanos se manifestaron el viernes frente al Senado y la sede del Supremo– y el rechazo de las instituciones europeas.

De materializarse, la reforma supondrá el fin del mandato de los actuales jueces del Supremo, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por los nombrados por el Gobierno, algo que la oposición considera inconstitucional y una ruptura del principio de separación de poderes y la independencia de la magistratura.

A la norma votada ayer se suman otras dos aprobadas el 12 de julio dentro de la ambiciosa reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, que dan más poder al Ministerio de Justicia en la elección del órgano de gobierno de los jueces y de los tribunales regionales y de apelación.

Los críticos creen que esta norma facilita la influencia política sobre el TS, algo que comparte Bruselas, que amenaza con privar a Polonia de su derecho a voto en la UE si mantiene su proyecto.

El TS juega un rol muy importante, ya que se encarga de supervisar el trabajo de los tribunales inferiores, confirma la validez de las elecciones y emite dictámenes sobre proyectos de ley.

Su relevancia es mayor debido a la reforma del Constitucional de 2016, que ha debilitado, dicen sus detracto- res, la institución y su capacidad para revisar la constitucionalidad de las leyes.