Diez días después de que en Donostia se presentara la iniciativa Hitzartu, que impulsará un consenso ciudadano en torno a la gestión de los residuos en Gipuzkoa con implicación de GuraSOS o el grupo de investigación Parte Hartuz de la UPV, la Diputación de Markel Olano acelera para dejar el asunto finiquitado esta legislatura. Ayer se anunció la aprobación de los pliegos para la segunda fase del complejo de Zubieta, con dos plantas menores que complementan la incineradora. Y sobre todo, se lanzó un mensaje: todo estará en marcha en mayo de 2019, cuando lleguen las elecciones forales y municipales.

De enunciarlo se encargó el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio. Compareció al objeto de dar cuenta de las decisiones tomadas ayer en la asamblea anual del Consorcio, pero el objetivo político quedó claro tanto en la afirmación de que el lanzamiento de la segunda fase «pone en senda de solución definitiva el problema» como en la proyección de fotografías y vídeos que subrayan cómo va avanzando la construcción de la polémica incineradora.

Bajo esta política continua de hechos consumados, el aspecto más llamativo vuelve a ser la factura económica. Como se recordará, tras la adscripción de la voluminosa deuda de GHK a la Diputación, esta decidió privatizar la construcción y gestión de todo el complejo, de modo que las empresas adjudicatarias adelanten la obra y sean compensadas luego con un canon anual desde las arcas públicas. Si en el caso de la incineradora se estima que el coste final podría multiplicar por cuatro la inversión de la UTE liderada por Urbaser, otro tanto va a ocurrir con esta segunda fase, consistente en la construcción de una planta de biometanización y otra de maduración de escorias. Asensio detalló que las obras en sí costarán 37,4 millones de euros, pero la concesionaria podrá recibir seis millones al año como «cuota máxima» durante un periodo de 20 años; es decir, un total de 120, que casi multiplicaría igualmente por cuatro la cantidad anticipada.

Este pago público se justifica tanto por el coste de construcción como por la posterior «gestión» de las plantas, concepto lógicamente más intangible.

Para esta segunda fase, se precisa que el canon comenzará a abonarse «una vez la puesta en marcha esté aprobada por el Consorcio».

Aprobados ya los pliegos ayer, las empresas interesadas tienen un plazo de 60 días para presentar sus ofertas. El inicio de las obras se calcula para muy poco después, en abril.

Abril de 2019

Como quiera que el periodo de construcción de estas dos instalaciones se estima en un año, si nada falla la puesta en marcha de todo el complejo se produciría en torno a mayo de 2019, quien sabe si ya en plena campaña electoral para las elecciones forales. Asensio así lo asevera: «Gracias a la puesta en marcha de las dos fases del Complejo Medioambiental, Gipuzkoa tendrá solucionado el problema de los residuos al final de la legislatura y se habrá cumplido el compromiso adquirido con la ciudadanía».

Los pliegos para la licitación de esta segunda fase fueron aprobados en esta asamblea general del Consorcio, controlada ahora por PNV y PSE, con 73,5% de síes y 9,3% de noes. La Mancomunidad de Tolosaldea votó en contra y las de Sasieta y Urola Erdia se abstuvieron, según se precisa.