Nos situamos al comienzo de la legislatura. Todavía gobiernan juntos Yolanda Barcina y Roberto Jiménez. Es el inédito Ejecutivo de coalición de las dos grandes fuerzas del «régimen» y como consejero de Economía continúa Álvaro Miranda (que hoy disfruta de semijubilación dorada en la Mancomunidad de Iruñerria con un salario de 71.764 euros al año). Miranda llama a todo el Parlamento y, bajo un pacto de silencio, les comunica que la Agencia Tributaria reclama a Nafarroa 1.513 millones de euros, pero que no se preocupen, que está todo atado. Les pide responsabilidad y discreción. Por lealtad.

La multa, como es sabido, se debe a una inspección al sistema que tiene VW para exportar los Polo que ensambla en Iruñea. La multinacional utiliza como intermediaria una filial que está en Catalunya y hace una compraventa extraña (los coches ni siquiera se mueven físicamente de las explanadas de Landaben). El resultado de la misma es que la Hacienda navarra ingresa el 100% del IVA por la venta de los coches y, sin embargo, es la Hacienda española quien afronta la devolución del 90% de ese dinero (que es el que corresponde a los coches que se exportan). En total, unos 300 millones de euros al año que Nafarroa se lleva para casa aprovechando un agujero derivado del hecho de que haya más de una hacienda en un mismo Estado. Como los delitos fiscales se pueden perseguir hasta cinco años atrás, la cifra acaba superando los 1.500.

El asunto le estalla a la entonces ministra Elena Salgado, del último Gobierno Zapatero, que lo guarda en un cajón. Al final, prácticamente desde el principio, Nafarroa ha tenido que discutir el tema con el actual responsable de la Hacienda estatal, Cristóbal Montoro.

Miranda promete que todo está solucionado, pero pronto se ve que las cosas no eran así y que por eso pide silencio. Cuando salta a la luz la existencia de la millonaria sanción y que el Estado había decidido no reclamarla, UPyD lo lleva a los tribunales. Su denuncia sigue adelante. Hasta ahora, la judicialización del caso se había interpretado como un tema menor, puesto que se daba por hecho que el Estado renunciaba, pero esta misma semana se ha visto que no.

En plena crisis, Álvaro Miranda acaba siendo fulminado por Barcina para contentar a Jiménez. Y todo sigue en el aire. Un poco antes, abandona el barco el jefe de Hacienda, José Ignacio Pérez de Albéniz, siendo relevado por Idoia Nieves (la directora gerente que se enfrentaría luego a Lourdes Goicoechea).

La versión oficial empieza a caerse

En un primer momento, nadie asume la responsabilidad. Pronto se extiende una versión oficial en la que se dice que esta trampa forma parte del acuerdo del Convenio entre Nafarroa y el Estado, que ambas partes lo saben y que todo se estableció en tiempos de la presidencia de Juan Cruz Alli, en el año 1994. Esta explicación suena bastante plausible, aunque después de tanto tiempo se echa en falta mayor concreción. Si alguien en Nafarroa tiene algún acuerdo, algún acta o algún documento en el que conste este extraño pacto, no se entiende por qué no lo ha sacado ya y resuelve el tema de la sanción de Montoro. También siembra dudas que se detectara en Araba un suceso similar -el denominado «caso Rover»-, por un montante de 435 millones, en el que el Estado sostiene no saber nada y que acaba con Araba devolviendo el dinero.

La aparición del expediente de la Agencia Tributaria en 2011 genera básicamente dos problemas: por un lado, la factura de 1.513 millones de euros y, por el otro, paralelo, que Nafarroa pierde los 300 millones al año que estaba ingresando de más. Se abre una negociación bilateral, en la que Nieves juega un papel destacado y a la que refiere durante su comparecencia por el escándalo de Goicoechea. Nieves relata que estuvo sometida a mucho estrés, y que dormía poco.

Finalmente, se logra solucionar de una forma un tanto burda el problema de los 300 millones anuales, sin tener que reformular todo el convenio que, a todas luces, era lo que procedía. La chapuza consiste en calcular más o menos cuánto hubiera ingresado Nafarroa en los años 2012, 2013 y 2014 (hasta finalizar el quinquenio) y restarle 25 millones, una cifra absolutamente arbitraria. Y es una chapuza porque las previsiones de producción han fallado, porque el IVA sube del 18 al 21% unos meses después y, sobre todo, porque finalmente Nafarroa decide no cumplir con su parte del trato.

El caso es que, como descubriría la comision de investigación, por orden de Goicoechea se retrasan las devoluciones de IVA a Volkswagen de un año para otro, para camuflar el exceso de déficit. Pero la estratagema no cuela y acaba siendo el principal motivo para que Nieves se marche, según explica en su carta de dimisión.

«El portero» y el hombre para todo

Con la sustitución de Nieves, las cosas no mejoran y eso que por calendario ahora toca renegociar el Convenio. El testigo de Nieves lo recoge José Raúl Goñi, a quien sus compañeros dentro de la Hacienda navarra llamaban con malicia «El portero» por estar siempre ocioso y a la vez vigilante. Estos colegas relatan que suele cumplir a la perfección con cierto cliché: el último en llegar y el primero en salir. El caso es que no ha hecho gran cosa. En la reunión entre Montoro y Barcina antes del verano acaban optando por aplazar la renegociación del Convenio un año más, siguiendo con la resta absurda de los 25 millones para que sea el siguiente gobierno quien tenga que coger el toro por los cuernos.

No obstante, el meollo hoy está en la resolución de la Junta Arbitral, que había paralizado la sanción millonaria y que ahora se va a recurrir. El texto lo redactan Simón Acosta, catedrático de la Universidad del Opus, y José Antonio Asiáin. Entre ambos han desplazado al tercer miembro (el nombrado por el Estado).

Asiáin es uno de los líderes en la sombra del PSN (fue mano derecha de Gabriel Urralburu en los años 80) y su presencia suena a uno de los eternos cambios de cromos entre UPN y PSN. Asiáin también es el último presidente de CAN, el hombre a quien se dirigía el chantaje por el que se juzgará a Santiago Cervera, el liquidador de Construcciones Flores... Está en demasiados sitios a la vez y eso da la sensación de que se le colocó en la Junta para cobrar (como a Yolanda Barcina en la Permanente de la caja).

De hecho, hasta ahora, esta Junta Arbitral era un puesto cómodo, ya que desde que echó a andar la Constitución, Nafarroa habitualmente espera a que la CAV negocie para pedir lo mismo (o más, por ser menos «rebelde»). Por eso mismo nunca ha tenido un acuerdo que se amolde a sus características y hacia trampas con el IVA de VW.

Ahora pintan bastos.