Como saben, la agenda vasca del PNV no siempre coincide como la agenda vasca de la ciudadanía ya que, la suya, parece no ser más que una agenda clara de defensa de sus intereses particulares.

Y lo decimos porque una agenda social vasca de la ciudadanía y no del partido de Sabino Arana defendería los intereses de la mayoría frente a las presiones de las élites. Se construiría sobre las prácticas y tradiciones económicas sociales y ambientales clásicas de nuestro pueblo con el objetivo de adecuarse, con nombre propio, a la política internacional y económica del S. XXI.

La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobaba el Tratado de Libre Comercio de la UE con Canadá, el conocido como CETA. Y lo hacía con las derechas unidas, PP, PNV, y Ciudadanos. Lo hacía negando la posibilidad de una revisión previa del Tribunal Constitucional para evitar males mayores y atacando, en su contenido, algunas de las prioridades que tiene la ciudadanía. No son las únicas, pero comentamos las 5 principales traiciones que el voto del PNV ha supuesto para los intereses de la mayoría:

1º.- Soberanía.

El PNV puede hablar de la noción de soberanía, sin nunca definirla, hasta que el interlocutor quede mareado. Su praxis política en Europa, al contrario, implica una negación de la soberanía de los Estados en general y, por ende, de un futuro Estado vasco (federado o no). El CETA impone un sistema de «diferencias» entre Estados y multinacionales en el que aquéllas podrán demandar a los Estados «soberanos» por el incumplimiento del tratado pero nunca a la inversa. Legislación al servicio de los grandes intereses en perjuicio de los pueblos. Por otra parte, la región de Walonia en Bélgica demostró hasta qué punto se pueden defender los intereses de pueblos sin Estado dentro de la UE.

2º.- Primer sector.

Puede parecer el partido jeltzale una organización que defiende formas tradicionales de economía, pero, de nuevo, según se alejan de Euskadi, su comportamiento es agresivo para los intereses de las trabajadoras del sector agrario vasco. La definitiva aprobación del CETA supondría la entrada de productos agrícolas de grandes empresas del agro canadienses contra las que las pequeñas explotaciones tradicionales vascas no podrán luchar. El CETA pretende además hacer tabla rasa con las denominaciones de origen. Olvídense del Txakoli de Getaria, las alubias de Gernika, o la sal de Añana. Seguirán en los mercados pero podrán producirse en Toronto o Quebec. No sabremos qué comemos ni de dónde viene. La pérdida de empleo será entonces inevitable y las formas de vida tradicionales de nuestros baserris arrasada.

3º.- PYMES vascas.

No por repetido es menos cierto. Con excepciones, el tejido empresarial vasco está compuesto por pequeña y mediana empresa, con algo menos de 30 trabajadoras por empresa. El CETA supone un intento de igualar la regulación laboral a la baja, a la canadiense, un país que no ha firmado algunos de los Convenios OIT más relevantes y que cuestiona la propia idea de negociación colectiva. Las PYMES y los trabajadores se verán lanzados a unas relaciones de confrontación en lugar de colaboración. La aprobación del CETA implica además, para las PYMES, la obligación de exportar para poder soportar la presión de la competencia importada por las multinacionales canadienses. Muchas de nuestras pequeñas empresas no podrán hacerlo y cerrarán. Además, el acuerdo impone la igualdad de trato en concursos públicos a multinacionales canadienses y a la pequeña empresa vasca, impidiendo de facto que nuestras PYMES ganen concursos públicos y afectando a la ya minimizada autonomía municipal.

4º.- Independencia energética.

Habrán oído a los diferentes lehendakaris hablar de la independencia energética. Habrán oído que hablan de ella, al igual que habrán comprobado que nunca se ha implementado medida alguna para defenderla. En su lugar, el PNV impulsa el CETA para poder importar hidrocarburos canadienses, de mayor poder contaminante aunque menor precio. Es, seguro, un buen negocio para Petronor, pero, ¿lo es para nuestro modelo de vida? ¿Dónde queda la independencia energética si dependemos del hidrocarburo canadiense? Es este un momento de la Historia en el que las decisiones en clave energética son clave. Euskadi puede iniciar una revolución energética, un traslado de la producción de energía a fuentes renovables y no dependientes del exterior garantizando la sostenibilidad y la tan ansiada independencia energética mientras genera un nicho de empleo cualificado, estable y de calidad, pero el CETA hace esto inviable.

5º.-Modelo social vasco.

El modelo de protección social vasco, impulsado desde los movimientos sociales, sindicales y religiosos, es un referente en el Estado, aun habiendo padecido los recortes, aplaudidos e impulsados por el lehendakari Urkullu. Es un modelo que la aprobación del CETA también pone en riesgo. El CETA impone un modelo de lista negativa en la protección de servicios públicos. Estos es, que los Estados deben elegir una pequeña lista de servicios que no podrán ser privatizados y el resto, deberán ser ofrecidos al Dios Mercado. La obligación, tras el CETA, de igualar procedimientos y prácticas, revertirá por tanto en una privatización general de los servicios públicos.

La aprobación del CETA en el Congreso de los Diputados no ha sido objeto de gran debate en los medios. Sin embargo, la votación de la semana pasada fue reveladora: de las diputadas vascas en Madrid, 8 votaron en contra del CETA (6 Podemos y 2 EHBildu), 7 votaron a favor (PNV y PP) y 3 se abstuvieron (PSE). En esta ocasión, y como tantas otras, el antiguo partido se ha colocado contra la mayoría social vasca y contra los intereses de Euskadi. Ha votado un texto que contradice su discurso público y que demuestra su conexión con los grandes lobbies.

Lamentablemente, la agenda jeltzale no es la agenda vasca. La agenda social vasca se ha de construir desde los planteamientos que nuestra ciudadanía demanda: una soberanía con contenido; una defensa de nuestro sector primario y de nuestros derechos como consumidoras, una producción energética limpia y no dependiente, unos servicios públicos dignos y de calidad y unas relaciones laborales que protejan a las trabajadoras y a las PYMES.