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El laicismo, ni de izquierdas ni de derechas

Afirmar que el laicismo no es de izquierdas, ni de derechas, tampoco del centro, puede resultar paradójico, toda vez que desde el siglo XIX se ha asociado dicho concepto al liberalismo, fuente nutricia de los desvaríos que, según la doctrina de la Iglesia, han llevado a la sociedad a su perdición.

21/04/2017

El laicismo se ligó al ateísmo, al anticlericalismo y a la irreligiosidad, además de otras excrecencias modernas. Si el lector dispone de tiempo y ganas, consulte la obra del P. Manjón y en ella encontrará las perlas más sabrosas que se hayan escrito contra el laicismo. «La escuela laica sin Dios es una pocilga donde se revuelven como puercos quienes han renunciado a una educación católica», será la imagen menos agresiva que encontrará en las páginas escritas por aquel pedagogo de los Cármenes de Granada.

El laicismo como conglomerado ideológico lo inventa la Iglesia. Lógico. Pretendía conjurar aquellas críticas que ponían en cuestión sus privilegios y, de paso, demonizar a quienes defendían la separación de la Iglesia y del Estado. Mutatis mutandis, dicho planteamiento sigue en pie en nuestros días.

El laicismo se contempla como un concepto antirreligioso, solo cultivado por ateos y anticlericales. Es verdad que todos somos laicos –excepto quienes visten traje de sacerdote–, pero no todas las personas ejercen como militantes laicistas. Y, también, es verdad que existen laicos que actúan como laicistas, pero al bies, es decir, pretendiendo, si no la unidad de Iglesia y Estado contra viento y marea, sí la presencia de la Iglesia en las Administraciones Públicas y, al mismo tiempo, defendiendo que el IRPF y demás sinecuras derivadas de los Acuerdos con la Santa Sede sigan llenando las arcas eclesiales.

El laicismo no es antirreligioso, porque no es concepto religioso. Ni anticlerical, aunque, es lógico que así lo considere el estamento eclesiástico, dado que aplicarlo traería consigo una bajada considerable en la liquidez económica de la Iglesia.

La verdad es que, a estas alturas, la Iglesia debería sentirse un poco avergonzada de seguir comiendo la sopa boba del Estado, y no apechugar por sí misma los gastos que conlleva su ministerio religioso y que ella presenta como si fuera un servicio público a la sociedad, sin el cual esta se desmoronaría en un Apocalipsis final.
 
Desde la Restauración –con saludables contratiempos debidos al genio maligno de Canalejas y su Ley del Candado, y, luego, al «monstruo» Manuel Azaña con la República laica–, la Iglesia y el Estado eran hermanos siameses. Desde el 1 de diciembre de 1874, fecha de la redacción del Manifiesto de Sandhurst, escrito por Cánovas del Castilo, el Estado fue incapaz de separarse de su hermana y dejarla crecer de forma autónoma. Es verdad que el futuro rey de España, Alfonso XII, prometió el establecimiento de un régimen constitucional y parlamentario –como hoy–, pero en cuya Constitución se colaría nada más y nada menos que el artículo 11: «Religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. No se permitirán (…), otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado».

Eran otros tiempos y tanto para los políticos, como para el resto de los ciudadanos, semejante identidad confesional les parecía lo más ajustado a la época. Démoslo por hecho, soslayando las voces críticas de la época, que las hubo, en contra de semejante simbiosis considerada contra naturam y que, por oponerse a ella, serían motejados como ateos y anticlericales. Pero bien sabemos que entre los laicos hay de todo: creyentes, ateos, deístas, agnósticos, santos y pecadores.

Hoy, la Constitución establece la neutralidad confesional en materia religiosa, añadiendo que el Estado colaborará con la Iglesia católica y otras confesiones. Hasta hace bien poco, nadie se había alterado por esta declaración hasta que irrumpieron voces exigiendo la aplicación de dicha neutralidad en la esfera pública institucional. Paradójicamente, la respuesta contra esta exigencia se ha concretado en una lluvia de adjetivos despectivos dirigidos contra quienes exigen el cumplimiento de dicha neutralidad confesional. Lo nunca visto. ¿Cuándo ha sucedido cosa igual? ¿Cuándo el Poder ha denigrado a quienes exigen el cumplimiento de una normativa del Estado?

El laicismo, como pensamiento, no es trasunto de izquierdas ni de derechas. Afecta a todo el entramado institucional público que sostiene el basamento del Estado constitucional en el que vivimos. El problema está en que no parece que la sociedad se tome muy en serio el lado institucional del Estado.

No es de extrañar que, incluso, haya analistas que planteen lo inadecuado de reflexionar sobre estos aspectos, reduciendo el asunto a cuestión terminológica.
 
¿Solo cuestión conceptual? Para nada. Gracias a esta terminología se mantienen los mismos dogmas tradicionales en los que la Iglesia Jerárquica se basa para mantener sus privilegios económicos. Cuando se dice que su presencia en las instituciones públicas es pecado menor, se olvida que su presencia en las instituciones públicas es una manifestación más de su colección de privilegios. Tanto que no puede negarse que, gracias a este proselitismo doctrinal, mantiene su clientela ideológica, nada inclinada a privarla de esas ayudas económicas del erario.

Lo que se llama servicio religioso –producto de una empresa privada, la Iglesia–, es propaganda doctrinal que pretende mantener ese clientelismo. Este se fortalece mediante prácticas englobadas en las llamadas tradiciones populares, a las que, en ocasiones, hacen referencia los políticos para justificar, no solo su inadecuada presencia en actos religiosos, sino la de la Iglesia en actos públicos institucionales.

El carácter de neutralidad confesional del Estado afecta a todos, por lo que no es muy técnico apelar a la mayoría social católica española para exigir, por ejemplo, la presencia de la misa católica en televisión. Mayorías y minorías están sometidas por igual al principio de esa neutralidad. Si nos guiáramos por esa mayoría del 68% que se declara católica, no se entiende que el Legislativo no declare la católica como religión oficial del Estado. Quizás no lo haga, porque en la práctica lo que hay es un nacionalcatolicismo nada camuflado.

Tampoco se trata de un problema de libertad de expresión. Los curas pueden decir lo que consideren pertinente. Están en su derecho. Lo que se cuestiona es que lo hagan en un espacio caracterizado por su neutralidad confesional; que hagan propaganda confesional en un medio de información de titularidad pública.

La Constitución señala que el Estado colaborará con la Iglesia católica, pero no dice que pondrá a su servicio un ente público como la televisión para retransmitir misas sabatinas o dominicales.

Cuando esta colaboración niega la neutralidad confesional del Estado, no se ajusta a lo establecido por la Constitución. Así que, como en otros delitos, los jueces deberían intervenir. Porque el Gobierno incumple la Constitución y discrimina a la ciudadanía. E incumplir la carta magna y discriminar al ciudadano es delito, ¿no?