Con unas pocas horas de diferencia, las dos principales instituciones vascas parecen haber hecho importantes descubrimientos de fondo sobre el TAV. La consejera de Lakua, Arantxa Tapia, ha expresado en una carta al Ministerio de Fomento su sorpresa por que el tramo Gasteiz-Burgos no contemple transporte de mercancías sino solo de viajeros, lo que evidentemente desmonta el discurso del Gobierno Urkullu sobre las ventajas de este macroproyecto para la competividad económica vasca. En paralelo, la presidenta navarra, Uxue Barkos, ha admitido que la última propuesta de convenio trasladada por Madrid para el paso del TAV por el herrialde «es un poco más de lo mismo que ya había» (en alusión al pacto Miguel Sanz-José Blanco muy lesivo para las arcas navarras y ya cancelado) y «no es razonable para los intereses de Navarra».

Conviene reparar que en ambos casos las noticias iniciales sobre los movimientos de Fomento fueron recibidos mediática e incluso institucionalmente como buenas noticias. Es al leer la letra pequeña cuando se han caído las caretas de Madrid ante Lakua y ante Iruñea. Y es que en esos detalles se revela el fondo del asunto del TAV: un proyecto que por su propia dimensión y por su propio impulso solo puede responder a un interés estatal (aunque seguramente en esos términos también acabe resultando ruinoso) y en el que no se intuye beneficio alguno para la población vasca –que en el mejor de los casos solo usará ese medio de transporte de forma muy puntual– ni tampoco para sus instituciones. Su insistencia en colaborar con el Estado asumiendo el adelanto presupuestario o las licitaciones no se entiende salvo que se dé credibilidad a la insinuación hecha por la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, en una de las últimas campañas electorales, en ese breve paréntesis en que la refriega partidista se suele imponer a la cortesía institucional: «A Urkullu lo que le preocupa es a quién se adjudican las obras del TAV».