La Audiencia de Bizkaia les condenó en octubre de 2012 a 5 años y 3 meses de cárcel a cada uno, además de nueve años de inhabilitación absoluta, junto a la obligación de indemnizar a la Universidad del País Vasco con 168.400 euros –más los intereses– de manera solidaria, un fallo que confirmó el TSJPV en marzo del pasado año y ahora el Supremo.

La sentencia consideró probado que ambos se pusieron de acuerdo para apropiarse de fondos que eran de la Universidad y que para lograrlo falsificaron documentos mercantiles. Ambos eran socios en varias sociedades de las cuales el único cliente era la UPV/EHU, para la cual emitieron «un total de 34 facturas simuladas por unos servicios inexistentes».

Tras conocer la decisión del Supremo, el equipo rectoral de la UPV/EHU ha anunciado que adoptará «de forma inmediata las resoluciones oportunas para la ejecución de la sentencia, en el momento en el que se le comunique oficialmente la firmeza de la misma».

En un comunicado, la UPV/EHU ha recordado que apreció en su momento indicios de posible delito en la gestión del Departamento de Estomatología e inmediatamente puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.