El tribunal ha acordado con seis votos a favor y tres en contra la prohibición constitucional contra la participación política de los guerrilleros culpables de delitos de lesa humanidad, según ha informado la emisora colombiana Radio Caracol.

De esta forma, ninguno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), contra los que pesan condenas por estos delitos, podrán ser electos a cargos públicos, si bien aquellos condenados por delitos políticos o por delitos de guerra si podrán hacerlo.

Entre los citados delitos de guerra se encuentran los de reclutamiento de menores de edad, uso de minas antipersona, ejecuciones fuera de combate, retención de rehenes y narcotráfico.

Pese a ello, será necesario que el Congreso apruebe una legislación estatutaria penal que especifique el tiempo de condena que deberán cumplir los guerrilleros antes de poder aspirar a un cargo público.

El tribunal se ha pronunciado tras una demanda presentada por el exviceministro de Defensa Rafar Guarín, quien denunció que el artículo tercero del Acto Legislativo 02 de 2012 sobre participación política permitía la misma a responsables de crímenes de guerra.

Por su parte, el fiscal general, Eduardo Montealegro, pidió al tribunal que rechazara el artículo al considerar que la Constitución no debía contemplar límites a la participación política, al tiempo que abogó que dicha prohibición no fuera vitalicia.