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Educación convocará dos OPE para maestros con 275 plazas

El Departamento de Educación de Lakua convocará el año que viene dos Ofertas Públicas de Empleo (OPE), correspondientes a 2014 y 2015, con 275 plazas para maestros, «el máximo permitido» por el Gobierno español.

Hoy se ha celebrado la mesa sectorial de Educación en la que los responsables del Departamento de Cristina Uriarte han informado a los sindicatos de «todos los contenidos que se han tenido en cuenta» para convocar las OPE.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha explicado a las centrales que todas las plazas se destinarán al cuerpo de maestros (infantil y primaria) y han recalcado que no se pueden convocar más porque hay que actuar con «la máxima garantía y seguridad jurídica» para evitar posibles recursos del Gobierno español como ha ocurrido con la OPE en la Ertzaintza.

Esas 275 plazas son la cifra resultante de aplicar la tasa de reposición, un porcentaje que establece el Ejecutivo español sobre la diferencia entre las bajas y altas del sistema. Educación ha reconocido que «le hubiera gustado que no existieran esas limitaciones para dotarse de las plazas que considerase necesario».

En todo caso ha considerado que las OPE, que se llevarán a cabo de forma conjunta el próximo año, son «una buena noticia» porque permitirá a 275 personas acceder a «un trabajo fijo» y porque «dotará de mayor estabilidad al sistema, redundado en una mayor calidad de la enseñanza».

Tras la reunión de la mesa sectorial, los sindicatos han tildado de «insuficientes» las plazas planteadas por Educación en estas convocatorias.

CCOO y ELA han exigido la ampliación del «irrisorio» número de plazas para poder cubrir «las necesidades reales» del sistema y ha considerado que la OPE es «un simulacro» que pretende «lavar la cara» al Departamento de Uriarte.

UGT ha reclamado a Educación que negocie con los sindicatos las condiciones de la convocatoria y LAB ha criticado que al fijar las plazas según la tasa de reposición se «están destruyendo puestos de trabajo» porque se incorpora menos gente de la que se jubila y ello «devalúa la calidad de los servicios públicos».