Iñaki Oyarzábal se ha reunido hoy en el Parlamento de Gasteiz con una representación de la Asociación Martxoak 3, a la que ayer propuso mantener un encuentro para explicarse sobre sus polémicas declaraciones en torno a los sucesos del 3 de marzo de 1976, en los que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía y resultaron heridos un centenar, durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio gasteiztarra de Zaramaga.

El dirigente del PP, que dijo en una entrevista que los policías abrieron fuego «para defenderse», ha señalado que sus palabras fueron «malinterpretadas» y que lo publicado «no refleja en absoluto lo que pretendía decir». Ha transmitido su «solidaridad» a las víctimas del 3 de marzo y ha asegurado que «en ningún caso» ha tratado de «justificar ni rebajar» la gravedad de lo ocurrido.

Además, ha destacado que los damnificados por estos sucesos –además de los muertos hubo un centenar de heridos– deben tener una reparación como la de otras víctimas y que deben exigirse responsabilidades a los responsables policiales de la carga policial.

Oyarzábal y Andoni Txasko han comparecido tras la reunión y ambos han reconocido que existen discrepancias sobre el alcance de las responsabilidades y la «intencionalidad política» de lo ocurrido, dado que –a diferencia del PP–, la Asociación Martxoak 3 mantiene que los policías actuaron por órdenes de los superiores políticos y no solo por directrices de los mandos operativos.

Txasko ha dado por bueno el «contundente» posicionamiento de Oyarzábal contra la actuación policial, así como su compromiso para tratar de que estas víctimas tengan el mismo reconocimiento que otros colectivos de damnificados.

Oyarzábal ha explicado que tratará de interceder ante el Gobierno español para analizar si es «factible» que los afectados del 3 de Marzo puedan acogerse a las medidas de reparación contempladas en la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo. En el caso de que esto no sea posible, la asociación ha planteado que la incorporación de estos damnificados a los instrumentos de reparación se haga a través de una ley vasca, algo que el parlamentario del PP ha considerado «factible».

Los damnificados por la carga policial del 3 de marzo de 1976 ya están reconocidos en la Ley de Memoria Histórica, aunque la asociación que los representa demanda que se las equipare a las «víctimas del terrorismo».