Ya es oficial, Catalunya tiene una cita decisiva con las urnas el próximo 27 de setiembre. El president, Artur Mas, ha firmado pocos minutos después de las 21.00 de hoy el decreto de convocatoria de las elecciones del 27S. Un decreto ordinario en el que no se menciona en ningún momento el carácter plebiscitario de la cita electoral (para evitar la impugnación por parte del Estado), aunque el propio Mas ha dejado claro en el mensaje institucional posterior que no serán unas elecciones más: «Se han convocado siguiendo el marco legal vigente, pero todos sabemos que en el fondo serán diferentes».

«Cuando un país reclama el derecho a decidir y se le impide, significa que estamos en una situación excepcional, lo que requiere soluciones excepcionales», ha señalado Mas para explicar la convocatoria, justificada por «la negativa del Gobierno español» a tolerar una consulta legal «sobre el futuro de Catalunya».

Mas ha invitado a las fuerzas políticas catalanas a presentar «sus propuestas para el futuro de este país», así como a respetar «el resultado de las urnas». «La democracia es la protagonista ahora», ha añadido el ahora president en funciones, que ha descrito Catalunya como «una nación de personas libres que se ha ganado el derecho a decidir qué futuro quiere».

En un breve mensaje televisado tras la firma del decreto, Mas ha recordado que el próximo mes de setiembre el mundo los volverá a «observar». «Mostremos nuestra mejor cara, hagamos del 27 de setiembre una fecha señalada en nuestra historia», ha concluido el president en funciones, quien ha rematado su intervención con un «¡Visca Catalunya!».

Con este decreto firmado bajo la atenta mirada de la presidenta del Parlament, Irene Rigau, la vicepresidenta, Neus Munté, el consellereler de Presidència, Francesc Homs, y la consellera de Governació, Meritxell Borràs, Catalunya inicia la cuenta atrás de 54 días para unas elecciones que cumplirán la función de plebiscito y que, en caso de victoria independentista, significarán la puesta en marcha del proceso de secesión que culminará, según la hoja de ruta acordada por CDC, ERC y las entidades soberanistas, en un periodo máximo de 18 meses.