En una comparecencia, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de setiembre de 2014 en Iguala han reclamado un «cara a cara» con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, antes del 10 de setiembre «para que se llegue al fondo en este problema», después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmontase la versión oficial, que sostiene que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula por un grupo criminal y atribuye en cambio el crimen a efectivos de las fuerzas federales.

El citado organismo, encargado de revisar la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, ha apuntado un gran número de fallos en la investigación y ha asegurado que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados.

Los padres de los normalistas han reclamado que el grupo de expertos de la CIDH permanezca «de manera indefinida» en el país hasta que se dé con el paradero de los jóvenes e insisten en pedir al Gobierno mexicano que entregue con vida a los 43 normalistas, incidiendo en el hecho de que aún no hay pruebas que apunten a que han muerto.

«Llegaremos hasta las últimas consecuencias», ha afirmado Felipe de la Cruz, portavoz de las familias, quien ha denunciad que se trata de «un crimen de Estado».

Los padres y madres de los estudiantes han convocado a una marcha nacional el próximo 26 de setiembre, con motivo del primer aniversario de la desaparición, «para hacer sentir la fuerza del pueblo y pedir castigo a los culpables», al tiempo que han reclamado un juicio contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.