El Tribunal de Cuentas ha dictado un auto en el que señala que las demandas de las partes personadas, entre las que figura el Ayuntamiento de Gasteiz, así como otra formulada de forma conjunta por PNV y PSE, se decidirán en un «juicio ordinario» en este órgano fiscalizador debido a que las cuantías reclamadas superan los 6.000 euros.

El fiscal se ha ratificado en que el daño a las arcas municipales ronda el medio millón de euros. El Tribunal de Cuentas investiga desde el alquiler firmado en 2007 por un periodo de 20 años de unos locales para albergar oficinas municipales en la calle San Antonio de Gasteiz, al apreciar una posible «responsabilidad contable» por parte del entonces gobierno local –dirigido por Alonso y en el que Maroto era concejal de Hacienda–, ya que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales.

Además, la renta se actualizó cada año entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, el Ayuntamiento asumió los gastos de comunidad e incluyó una cláusula que obligaba a mantener el contrato durante 20 años, ya que en caso de rescisión se debía abonar la renta hasta 2027.

En noviembre de 2013 el Ayuntamiento de Gasteiz, gobernado entonces por Maroto, renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30%, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación.

Todo ello lleva al tribunal a considerar que hay «indicios suficientes» de una mala praxis en la gestión de este alquiler, por lo que en un plazo de ocho días fijará la fecha de una audiencia previa, en la que las partes  propondrán pruebas y posteriormente se celebrará el juicio.