Una triangulación perfecta, movimientos desarrollados de memoria, porque todas las partes llevan jugando juntas desde hace muchos años, son del mismo equipo, al que han pagado cuotas y del que han cobrado sueldos o trabajos. Todos ellos son del PP, aunque el presidente del TC lo disimulara para acceder al tribunal, primero como magistrado. Pero los papeles de Bárcenas lo desnudaron como cotizante, lo que está prohibido por ley a los jueces o magistrados. Pero qué importa eso cuando el club controla la institución y así se rechazan casi sin leerlas las recusaciones por la  falta de imparcialidad de su presidente.

Mariano Rajoy, José Manuel Romay Beccaría y Francisco Pérez de los Cobos tres presidentes de tres instituciones supuestamente independientes entre sí y los tres bajo el paraguas de la misma sigla, a la que tanto deben y de la que los tres cobran o han cobrado.

Los principios democráticos del actual  presidente del Consejo de Estado que ayer dio su visto bueno a Rajoy para actuar contra el Parlament de Catalunya hunden sus raíces en los tiempos del dictador Francisco Franco, con quien fue secretario general de Sanidad entre 1963 y 1966, subsecretario de Presidencia en 1974 y subsecretario de Gobernación (Interior) en 1975.

Además de cargo del franquismo, Romay Beccaría ha sido íntimo colaborador de Manuel Fraga en el Gobierno de la Xunta, compañero de viaje y batallas internas dentro del PP gallego de Mariano Rajoy y ministro con José María Aznar. Por cierto, fue el sucesor de Luis Bárcenas como tesorero del PP y, según este, siguió con sus prácticas. Como puede verse, un largo currículo de autoridad independiente que avala que este Gobierno le nombrara para su actual cargo.

Francisco Pérez de los Cobos, que será quien mañana firme como presidente del Tribunal Constitucional la suspensión de la declaración del Parlament de Catalunya, ha realizado al menos desde 1992 labores de asesoramiento del PP y, según documenta la contabilidad de Luis Bárcenas, entre 2008 y 2011 fue cotizante del partido, aunque eso sí, pagando la cuota mínima de 37,14 euros anuales.

Cuando se hable de la legitimidad de las instituciones Estado frente al Parlament, sépase de qué se está hablando