Los dos letrados han participado en las jornadas internacionales organizadas por Martxoak 3 en el museo Artium de Gasteiz, donde han narrado sus experiencias ante la judicatura española, que ha dado carpetazo a las demandas presentadas por los familiares de los cinco obreros fallecidos el 3 de marzo de 1976 en Zaramaga.
Lo hizo en la década de los 70, cuando la justicia militar acordó el sobreseimiento provisional, y lo hizo en el año 2001, cuando Goirizelaia, en representación de las víctimas, presentó una denuncia ante los juzgados de Gasteiz. Los tribunales de la capital alavesa rechazaron la demanda, por lo que interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también hizo oídos sordos a la denuncia.
«Pasó lo que pasa habitualmente cuando el Tribunal Constitucional no quiere entrar en cuestiones de Estado: inadmitió el recurso», ha explicado la abogada, que ha recordado que todavía está abierta una vía en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. «El expediente está ahí, y he presentado un escrito diciendo que estamos esperando la resolución para reiniciar el procedimiento», ha añadido.
Por su parte, Martínez de San Vicente ha detallado los problemas a los que tuvo que hacer frente cuento intentó que las víctimas del 3 de Marzo fueran reconocidas por la Ley 32/1999 de solidaridad con las víctimas del terrorismo. La Audiencia Nacional se pronunció en contra de esta posibilidad, y el Tribunal Supremo rechazó los recursos de casación.
A su parecer, «en lugar de mirar lo que ocurre en el extranjero», las autoridades españolas «deberían estar más atentas a lo que ha ocurrido en el Estado español. Reconocer la verdad y justicia y reparar a las víctimas».
Los abogados han intervenido tras escuchar el relato de Arturo Val del Olmo, miembro de las comisiones representativas que organizaron las protestas obreras en 1976. Este ha denunciado la impunidad de la que han gozado los responsables de lo ocurrido el 3 de Marzo de 1976, miembros del Gobierno español, como el exministro Rodolfo Martín Villa.
