El presidente de la mancomunidad de Tolosaldea, Josu Amilibia, ha explicado que de acuerdo con los datos que figuran en el informe de viabilidad, «la privatización de la incineradora costará 1.216 millones de euros. Las arcas públicas deberán pagar 31,5 millones de euros en 35 años. Habrá un canon fijo (más de 28 millones de euros al año) y otro variable (2-3 millones de euros al año), entre otros conceptos. El uso que GHK haga del servicio no repercutirá en el precio. Es decir, deberá pagar la misma cantidad ya queme 50.000 o 200.000 toneladas de residuos. Además, la empresa obtendrá un beneficio industrial del 10,5%. Por lo tanto, en 35 años tendrá unas ganancias de 128 millones de euros limpios».

«Es un negocio redondo para los intereses privados que perjudica enormemente el interés público. Además, la Diputación ha elegido una fórmula de colaboración público-privada muy polémica, que se conoce como ‘peaje en la sombra’» y «plantea firmar un ‘swap’, un controvertido producto financiero tóxico», ha añadido.

Además del fondo, Amilibia ha denunciado las formas empleadas, ya que la Asamblea celebrada este viernes había sido convocada con solo cuatro días de antelación, mientras que la documentación que se iba a someter a votación había sido remitida apenas 18 horas antes.

«Quieren cerrar toda la operación de prisa y corriendo, sin dar explicaciones. Nos quieren meter un gol a los guipuzcoanos y guipuzcoanas, colarnos una incineradora privada por la puerta de atrás. Estamos hablando de una operación millonaria que va a condicionar nuestros bolsillos y nuestras políticas públicas durante los próximos 35 años. Y quieren aprobarla a salto de mata, sin transparencia y hurtando el debate y la información. Somos representantes públicos y debemos disponer de todos los datos y del tiempo necesario para analizarlos bien y poder defender los intereses ciudadanos».

Otros 4 millones por energía y materiales recuperados

Según ha indicado GHK en una nota, se ha calculado que «el pago por disponibilidad máximo que se le hará al concesionario será de 29 millones al año», pero confía en que «dado el alto interés que ha provocado esta licitación en las empresas, este precio tendrá una bajada considerable». Además se estima que ganará otros 4 millones anuales por la venta de la energía producida y por los materiales recuperados. La construcción costará unos 212 millones.

GHK ha destacado que «la planta creará 80 puestos de trabajos directos y generará actividad económica para todo tipo de suministradores e impulsará la economía en la zona tanto en las fases de construcción como de operación y mantenimiento».

Además, el Consorcio de Residuos ha censurado «la gestión económica del ejercicio 2014 del anterior Consejo de Administración», con mayoría de EH Bildu, y se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas toda la información requerida. Según los actuales rectores de GHK, la «gestión indirecta» –la privatización– se debe a la «situación heredada».

En la nota no se hace referencia a la orden del Ministerio español de Hacienda para que el Consorcio pasara de ser un estamento privado a estar adscrito a Diputación, lo que le obligaba a cumplir con los objetivos de déficit y le impedía de facto construir la incineradora por sí mismo.