Este programa busca la colaboración de las entidades locales, que en muchos casos son las competentes para actuar en este sentido, según ha indicado el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Alvaro Baraibar, quien ha señalado que «un buen número» ya han contestado a ese requerimiento.

Esa información es un primer borrador que llevarán el próximo 7 de junio a la primera reunión de la comisión técnica de coordinación en materia de Memoria Histórica, que, según la ley, es el organismo competente para la elaboración del censo de símbolos.

Con ese borrador y un informe que tienen previsto solicitar, esperan poder contar en otoño con un censo que estará sujeto a posibles revisiones, que servirá de «fotografía de la realidad a esa fecha».

Junto al borrador se presentarán una serie de recomendaciones sobre la manera de proceder para lograr la «democratización del espacio público, que es la retirada de la simbología franquista».

Uno de los símbolos franquistas de mayor visibilidad que queda en el herrialde es la laureada del frontón del palacio de Nafarroa, cuya retirada está prevista en una fecha próxima, aún sin concretar.

También hay diferentes elementos de simbología franquista, como las 49 calles del barrio de Lourdes de Tutera, placas del ministerio de Vivienda en los proyectos que se construyeron con Franco y varias placas con listados de «Caídos por Dios y por España», así como declaraciones de hijo adoptivo o predilecto de Nafarroa de personas del régimen como Mola o Franco.

Entre las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en los últimos tiempos, figura el cambio del nombre de la plaza Conde de Rodezno de Iruñea por plaza de la Libertad.

Uno de los edificios emblemáticos de la memoria histórica sobre el que se plantean diversas actuaciones es el fuerte de Ezkaba. En este caso, «hay que trabajar toda la cuestión de la titularidad, que ahora mismo es del Ejército» y además hay que elaborar un proyecto de viabilidad.

En el caso de que se pueda lograr que la titularidad pase a ser de Nafarroa, es preciso, ha dicho, que «se haga de manera responsable en el sentido de que hace falta una inversión muy importante de dinero para poder consolidar ese edificio». Si se logra ese cambio de titularidad, no debe suponer «un problema para las arcas forales», ha agregado.