Así figura en sendos escritos firmados por los fiscales Pedro Rubira, Vicente González Mota y José Perals, después de que la AVT solicitara la recusación del magistrado por afirmar el pasado abril en una mesa redonda en Tolosa que «la tortura se ha producido de manera clara, y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho».

El Ministerio Público advierte de que De Prada identificó los denominados «informes periciales de inteligencia» –opiniones de los agentes con valor de prueba– como una «patología» del sistema e hizo una valoración global «muy negativa» sobre ellos.

A este respecto, la Fiscalía pone de relieve que el magistrado ha mostrado de forma «contundente» la idea predeterminada que tiene respecto a este medio de prueba y apunta que los informes de inteligencia son precisamente una prueba «muy habitual» en los procedimientos contra miembros de partidos políticos «instrumentalizados por ETA».

«La libertad de expresión de jueces y magistrados está reconocida, pero la misma debe tener unos límites a los efectos de garantizar otros derechos constitucionales igualmente importantes, como es el derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de derecho a un juez imparcial», explican.

«Dio su opinión sobre un hecho del que va a conocer jurisdiccionalmente y lo hizo con carácter previo al mismo, sin haber tenido en cuenta todas las pruebas que acusaciones y defensas han propuesto para el acto del juicio oral», concluye.

El juez De Prada se ha opuesto a la recusación y ha acompañado sus alegaciones con un Informe del Instituto Vasco de Criminología denominado «Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960-2010», fechado en diciembre de 2014; así como las memorias de la Fiscalía correspondientes a los años 2012 y 2013, en las que aparecen los apartados dedicados a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público.