Naiz
Buenos Aires

Ordenan detener a presidenta Madres de la Plaza de Mayo por no ir a declarar

Un juez argentino ha ordenado la detención de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini (87 años), después de que no acudiera a declarar en una causa por presunto fraude al Estado.

La decisión la ha tomado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que encabeza la causa conocida como Sueños Compartidos, que investiga un supuesto fraude a la Administración a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.

De Bonafini, de 87 años, ya faltó el pasado 6 de julio a la primera citación del magistrado y tras su ausencia de hoy se preveía que pudiera ser obligada a acudir con la fuerza pública.

Como cada jueves, desde el 30 de abril de 1977, las Madres de la Plaza de Mayo ha llevado a cabo la tradicional ronda frente la sede del Gobierno. Allí ha acudido De Bonafini, respaldada por una multitud de personas.

Ha tomado la palabra para tildar de «vergüenza» el envío de la Policía a la sede de las Madres. «No sé qué va a pasar, no se hasta dónde son capaces de ir».

Luego, en declaraciones a los periodistas en la misma plaza, ha añadido que no tiene miedo de que la detengan porque ya fue «muchas veces» presa durante la dictadura. «Nos quieren hacer desaparecer, pero aunque nos maten vamos a seguir luchando».

Hebe de Bonafini ha criticado al Gobierno de Mauricio Macri y le ha acusado de «perseguir al pueblo» y causar «un desastre» en el país, «regalando todo lo conseguido» en los últimos doce años.

La anciana no ha acudido a declarar porque asegura que desde hace casi 40 años padece «agresiones» de la «mal llamada Justicia. Si me tienen que meter presa, que me metan».

En la causa que investiga el magistrado también ha citado a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), para comprobar si hubo «connivencia con funcionarios públicos» para gestionar y obtener «ilegítimamente» fondos estatales para la construcción de las viviendas.