La defensa de Dilma Rousseff ha presentado un recurso al Tribunal Supremo brasileño en el que demanda la anulación de la votación del Senado que la destituyó del cargo. Rousseff fue condenada a la destitución, tras una votación en la que 61 senadores la hallaron culpable de diversas irregularidades fiscales, frente a 20 que la consideraron inocente.

El recurso presentado por la defensa, que ha anunciado su intención de formular diversos recursos contra el proceso, exige de momento la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.

Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los «delitos de responsabilidad» que pueden llevar a la destitución de un gobernante.

Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que el Estado deberían hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.

El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga «toda violación de la ley de presupuesto» y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control. No obstante, en el recurso presentado hoy, la defensa sostiene que esos artículos «no son compatibles» con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, «no incorporó plenamente el texto legal que los contiene», conocido como ‘Ley de Impeachment’.

De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre la supuesta «incompetencia e ilegalidad» de los artículos de la ley de 1950 en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto, declararon culpable a la expresidenta.