Jaramillo ha señalado que el cese bilateral de las hostilidades no ha entrado en vigor de pleno, debido a que el pasado 2 de octubre, el plebiscito no confirmó la ratificación del anterior acuerdo sellado entre el Gobierno y la guerrilla.

Asimismo, ha señalado que lo que está en vigor son unos «protocolos provisionales» que tienen que ser revisados por la ONU, tal y como ha informado la emisora Caracol Radio. «Será la ONU la que nos diga mañana qué fue lo que pasó», ha apuntado.

Jaramillo ha recordado que existe una «situación seria e inestable en el terreno», donde hay «miles de hombres armados esperando qué va a pasar». En este contexto, ha señalado que es necesario aprobar ya el nuevo acuerdo –alcanzado el pasado fin de semana–.

«En este momento estamos en varias reuniones en Bogotá y el resto del país para poner en funcionamiento las zonas veredales –en referencia a las zonas de concentración de guerrilleros y de desarme–. Esto se puede volver a presentar y lo importante es prevenirlo y por eso decimos que esto no da más y que debemos sacarlo adelante lo antes posible», ha apuntado.

No obstante, ha reiterado que este tipo de incidentes eran previsibles en la situación de incertidumbre que existe entre los guerrilleros.

El jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle, ha sido quien ha confirmado la muerte de los dos miembros de la guerrilla.

De la Calle ha explicado en una entrevista concedida a Caracol Televisión que los militares atacaron a los guerrilleros porque «estaban bastante alejados de la zona de preagrupamiento» de las FARC y «había una operación delincuencial».

En cambio, según el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, «iban de camino a la zona de preagrupamiento». «Ahí hay una discrepancia de narrativas», ha admitido De la Calle, que ha hablado personalmente con su homólogo en la guerrilla.

El Ejército, por su parte, ha emitido un comunicado en el que explica que habitantes de la zona les avisaron de la presencia de un grupo de guerrilleros, que en un principio creyeron que pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), inmersos en «actividades ilícitas».