Las FARC han explicado en un comunicado que, junto a la ONU, a quien los acuerdos de paz firmados en noviembre conceden este papel, iniciará «el registro de armas en todos los campamentos y reajustará el plan de destrucción de armas inestables o explosivos que ya había empezado el año pasado».

«Anunciamos hoy también que, como inicio en firme del proceso de dejación de armas, y como muestra de nuestro irrestricto compromiso con la paz, las armas de los integrantes 'farianos' del Mecanismo de Monitoreo y Verificación pasarán a custodia de Naciones Unidas», han añadido.

La guerrilla ha enfatizado su deseo de comenzar el desarme, «a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las zonas y puntos transitorios de normalización», donde se han concentrado los guerrilleros para completar su paso a la vida civil.

Según los acuerdos de paz, durante la marcha hacia estos lugares las FARC y la ONU debían haber destruido el armamento inestable y, una vez allí, debe comenzar la entrega y destrucción del restante, sin embargo, tanto el grupo armado como la organización internacional han denunciado que las condiciones en los nuevos campamentos «no son las adecuadas».

Aunque se han mostrado conscientes de que «se debe dar tiempo al Gobierno para que pueda cumplir sus compromisos», las FARC han urgido a implementar cuanto antes los textos de La Habana para garantizar «de manera diáfana y tangible la seguridad jurídica para los guerrilleros».

«Esta tiene que ver con la excarcelación de los indultables y la aplicación de la Ley de Amnistía sin más retrasos», han indicado, considerando que es una petición razonable «luego del exterminio triste de alternativas opositoras en Colombia», más cuando las FARC se preparan para convertirse en partido político.

Amnistía de 1.200 guerrilleros

Las FARC han confiado en que Juan Manuel Santos, «el Nobel de Paz que hoy preside los destinos de Colombia en el tramo final de su Gobierno, dedique sus mayores esfuerzos a la implementación de los acuerdos, porque de ello depende la construcción de la paz con la que hemos soñado toda la vida".

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha anunciado este martes que en los próximos días su oficina firmará las resoluciones para amnistiar a 1.200 guerrilleros «con el fin de garantizar su seguridad física y jurídica».

La Ley de Amnistía, aprobada el 30 de diciembre, tiene dos vertientes: una destinada a dar «las más amplias amnistías» a los guerrilleros implicados en delitos políticos o conexos y un tratamiento penal especial para garantizar un trato equitativo a los agentes del Estado. En ambos casos se excluyen los «crímenes más graves» y los que recaen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) (crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio), que, conforme a la normativa internacional, no pueden ser amnistiados.