El proyecto de ley, defendido por el consejero Mikel Aranburu, incluye también la modificación de la ley de Presupuestos Generales de Nafarroa de 2017 en el sentido de dotar al citado crédito de la consideración ampliable.

La ley responde a la desestimación por parte del Tribunal Supremo español de cuatro recursos de casación presentados por el Gobierno navarro contra sendos autos del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa de febrero de 2016, en los que se fijaba como justiprecio para el suelo expropiado en la tercera y cuarta fase 53,06 metros cuadrados en un caso y 57,09 en otros.

Aranburu, quien ha remarcado que son «consecuencias en el presente de actuaciones del pasado», ha recordado que los tribunales han rechazado los recursos de reposición dictados en distintas instancias por lo que se encuentran con la obligación de hacer frente ahora a una sentencia por unos 12 millones.

Ha apuntado que previsiblemente se elevará la cuantía cuando se vayan resolviendo los distintos procedimientos judiciales, de ahí la solicitud de un crédito con consideración ampliable.

La financiación del crédito extraordinario se realizará con cargo a los mayores ingresos previstos en la partida denominada ‘Ingresos por el IRPF por importe de 25 millones de euros’.

Según las previsiones del Gobierno, la cuantía que debe abonarse a los propietarios, con los nuevos precios y las actualizaciones, ronda los 50 millones de euros, cantidad que se suma a los 20,2 millones pagados de acuerdo al precio fijado en su día.

La sentencia hace referencia a actuaciones realizadas durante el Gobierno de UPN, cuyo representante Luis Zarraluqui ha lamentado que el Gobierno tenga que pagar por esta expropiación algo que considera «desmesurado» y «un pelotazo» para las personas que se han beneficiado por estas sentencias.

Ha dicho que acata, pero no comparte la sentencia que no ve «ni justa, ni proporcionada» y ha subrayado que la Ciudad del Transporte tenía una buena finalidad, nunca se criticó su iniciativa ni construcción, pero ha tenido un revés judicial «importante que hoy nos hace estar aquí pagando una cantidad significativa».

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha opinado que cualquier calificativo, «varapalo» o «herencia envenenada», le parece poco para este caso, ya que 25 millones de euros, que pueden ascender a 50 millones «no es una cuestión baladí» y repercute en la acción de Gobierno.

«No estamos solo ante el problema de un crédito extraordinario sino ante un modelo de gestión de UPN», con «muchas actuaciones en las que el Gobierno asumía el riesgo y los promotores privados el beneficio», según Adolfo Araiz, EH Bildu, quien ha anunciado que van a pedir a la Cámara de Comptos un informe sobre el coste de esta operación. Al Ejecutivo le ha pedido que estudie la posibilidad de declarar que la cuarta fase no tiene interés público.

Carlos Couso, Podemos, ha considerado que éste es un «marronazo más de UPN» y ha achacado la situación actual a «la chapuza, falta de estudio» y un «interés por favorecer a los intereses de las constructoras».

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha señalado que es necesario aprobar esta ley, guste o no guste la sentencia, que, según ha dicho, es «más que reveladora respecto al proceder del Gobierno de UPN en este tema».

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha apoyado la ley porque las sentencias hay que cumplirlas y el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, quien ha coincidido con otros portavoces en que esto es «un marronazo», ha calificado de «aberrante» y «contraria al interés público» la sentencia.