En ese sentido, el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, solicitó la pasada semana al Gobierno de Nafarroa la paralización de la subasta de las parcelas del solar de Salesianos anunciada a principios de este mes.

Asiron consideró de «sentido común» paralizar el proyecto que contempla construir bloques de viviendas de entre 7 y 17 alturas en las calles Aralar y Media Luna de Iruñea, una operación que permitirá trasladar el centro de Formación Profesional de Salesianos a unas nuevas instalaciones en Sarriguren.

Laparra, que ha presentado en conferencia de prensa un programa de acogida de refugiados, ha señalado que esta petición del Ayuntamiento de Iruñea merece «el máximo respeto», pero cambiar ahora el PSIS de Salesianos sería «muy complicado».

Este PSIS, ha apuntado, no gusta ni al Ayuntamiento de Iruñea ni al Gobierno de Nafarroa porque «supone una intensificación en la edificabilidad muy fuerte» respecto al modelo del barrio del Ensanche, de un mínimo del 25 % según la forma en que se haga el cálculo.

Además, ha destacado que con este PSIS se elimina la obligación de que un 50 % de las viviendas sean de protección oficial, con lo cual «también se reduce la capacidad de intervención social en materia de vivienda».

Laparra ha afirmado que hay un «elemento de discrepancia claro» con el Ayuntamiento de Iruñea en el sentido de que pasar de un modelo de torres a otro de manzana «sí que tiene costes», en concreto de ocho a once millones de euros en compensaciones, según informes técnicos externos e internos.

El vicepresidente ha recordado asimismo que se celebró un concurso público sobre el solar de Salesianos con un tribunal internacional del que «nadie ha cuestionado su profesionalidad» y la mayor parte de las propuestas de los arquitectos optaban por la edificación en altura, incluido el proyecto ganador.

Respecto a las propuestas realizadas sobre la posibilidad de reducir la edificabilidad del solar o transformar el proyecto a costas del Gobierno de Nafarroa, ha indicado que «hay que ser responsables con lo que se plantea», porque «en el fondo, la compensación social que ahora quedaba de este proyecto era justamente la capacidad de captar unos recursos que se dedicarían a vivienda de alquiler social».

«Si eso desaparece, si paga el Gobierno de Navarra, se reduce por tanto esa compensación social o se queda a cero y desaparece cualquier tipo de equilibrio mínimo en lo que hemos podido gestionar de evolución de este proyecto y entonces sí que queda como una operación puramente especulativa», ha resaltado.

Laparra, que ha destacado que con el proyecto actual «hay unas garantías de que el Gobierno de Navarra no va a perder nunca dinero», ha señalado que las cifras que maneja UPN «no se adecúan a la realidad», ya que «no hay una pérdida, sino una ganancia del interés público respecto del anterior proyecto».