Y al respeto ha indicado en rueda de prensa que, según la legislación vigente, el desalojo forzoso se tiene que llevar a cabo antes de que se cumplan 24 horas desde la ocupación, y este plazo ya había sido superado.

Ha subrayado en todo caso que ella personalmente «supervisó los acontecimientos» y que «solo cabía ya una acción judicial», tal y como se ha planteado.

Se ha denunciado así «una ocupación indebida y el juez será quien dé la orden que corresponda», ha precisado la portavoz del Ejecutivo, María Solana, quien ha añadido que también se ha solicitado «un informe sobre el estado del edificio».

Y en este sentido Solana ha recordado que el palacio lleva años en desuso y «no está en las mejores condiciones para ser habitado, aunque no existe un riesgo evidente».