Yo misma lo vaticinaba en el prólogo que redacté en octubre para el libro cuyo autor es Igor Meltxor y que se titula “Caso Bidegi: A dónde ha ido a parar el dinero”. Así reza mi párrafo: «Ahora, los mismos que abonaron 30 millones por trabajos no ejecutados son los que tienen la sartén por el mango. La información, la documentación está en sus manos. Han cambiado de abogados. Han decidido hacer con los técnicos de la Diputación “nuevos informes” que previsiblemente y salvo sorpresa mayúscula dirán que toda la documentación y las querellas presentadas no están en lo cierto. Y la gran mayoría de los medios de comunicación les darán cobertura. Luego saldrá el PNV diciendo que todo esto es una obsesión de EHBildu para derribar a su enemigo y que esto responde a intereses electorales de la coalición. Una parte de la sociedad posiblemente quedará satisfecha con sus explicaciones porque preferirá pensar que estamos gobernados por gente honesta o que como “todos lo hacen…”».

Efectivamente, se están cumpliendo todas las previsiones. Era de prever también que uno de los firmantes de ese documento, Jose Mari Sarasola Yurrita, fuera antiguo cargo público del PNV, Director de Carreteras, y en la actualidad Jefe de Servicio de Proyectos y construcción de carreteras. Ahora la incógnita es si la Diputación seguirá adelante con las querellas para no tener que ofrecer incómodas explicaciones (de momento sólo ha cambiado su posición de querellante a acusación particular) o por el contrario, se basará en este informe para en un futuro no muy lejano solicitar el desistimiento de las dos causas abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia. Me atrevería a decir que si encuentran el modo de justificarlo ante la sociedad optarán por la segunda hipótesis. Harán lo que sea para recuperar su mermado prestigio como buenos gestores. Ahora bien, la realidad es terca.

A falta de conocer el contenido de este informe de andar por casa, informes técnicos y periciales muy cualificados y con amplio soporte empírico dicen, por poner ejemplos, que la tierra sigue sin estar en Basagoiti, los túneles no tienen tanto hormigón como el que aparece en las certificaciones finales y han sido incapaces de explicar por qué se han abonado casi doce millones de euros del tramo alavés cuando la Diputación alavesa dice que la obra está medida y que no corresponde abonar esos doce millones. El Juzgado de Azpeitia reconoce que existen indicios racionales de la comisión de delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental entre otros. Espero, sinceramente, que los juzgados hagan su trabajo y lleven la investigación hasta el final independientemente del ruido político-mediático de quienes no quieren que se sepa la verdad.